Valencia, 7 de mayo de 2026-. Alertan que la cuarta prórroga del estado de emergencia económica «genera una grave inseguridad jurídica». Prórroga del estado de emergencia genera alertas porque, según Acceso a la Justicia, la medida excede los límites establecidos en la Constitución. La ONG recordó que el artículo 338 permite decretar la emergencia por 60 días y prorrogarla solo una vez por igual período. Sin embargo, Venezuela acumula cuatro prórrogas desde abril de 2025, lo que convierte la excepcionalidad en una práctica permanente.
El decreto N.° 5.314 otorga 60 días adicionales de facultades extraordinarias al Ejecutivo. Estas incluyen suspender tributos, autorizar gastos no previstos y aprobar operaciones de crédito público sin control parlamentario. Prórroga del estado de emergencia genera alertas porque estas decisiones se toman sin la aprobación de la Asamblea Nacional.
Acceso a la Justicia también señaló que solo el primer decreto fue aprobado por el Parlamento. Las prórrogas posteriores no recibieron aval legislativo, pese a lo exigido por el artículo 339. La ONG considera que esto afecta la institucionalidad y debilita los controles democráticos.
Alertan que la cuarta prórroga del estado de emergencia económica «genera una grave inseguridad jurídica»
Prórroga del estado de emergencia genera alertas debido a inconsistencias en la justificación del decreto. El documento menciona “amenazas de agresión económica” como motivo para mantener la medida. Sin embargo, el Gobierno también promueve una supuesta apertura económica y la llegada de inversión extranjera.
Acceso a la Justicia afirmó que esta contradicción resta legitimidad a la declaratoria. “Una situación excepcional debe basarse en hechos verificables y extraordinarios”, señaló la organización. Prórroga del estado de emergencia genera alertas porque la narrativa oficial no coincide con los anuncios económicos.
La ONG denunció además que el decreto no fue publicado en Gaceta Oficial. Su existencia se conoce únicamente por la sentencia N.° 515 de la Sala Constitucional. Esto incrementa la opacidad en un proceso que debería ser público y verificable.
Falta de notificación internacional y efectos internos
Prórroga del estado de emergencia genera alertas también por incumplimientos internacionales. Venezuela no notificó la medida a la ONU ni a la OEA, como exigen el PIDCP y la CADH. La omisión impide que la comunidad internacional supervise las restricciones a derechos fundamentales.
Acceso a la Justicia advirtió que la prolongación indefinida afecta la vida cotidiana. Cuando el Ejecutivo puede tomar decisiones económicas sin controles, aumenta el riesgo de arbitrariedad. Esto impacta impuestos, gasto público, precios y acceso a bienes y servicios.
