Valencia, 23 de octubre de 2026-. El uso de la inteligencia artificial en las campañas políticas de Estados Unidos ha experimentado un crecimiento exponencial, generando debates sobre desinformación y transparencia democrática.
De acuerdo con un análisis del Wesleyan Media Project, durante las recientes elecciones de medio mandato se identificaron al menos 220 anuncios producidos o mejorados con esta tecnología, con una inversión cercana a los 137 millones de dólares, superando ampliamente los registros de procesos electorales anteriores.
Alertan que cada vez más campañas políticas usan inteligencia artificial para generar audiovisuales que muevan las decisiones del electorado
Diversos candidatos y funcionarios han sufrido las consecuencias de la manipulación digital de su imagen.
La vicegobernadora de Carolina del Sur, Pamela Evette, relató cómo un anuncio político la mostraba sometida a un examen poligráfico en un entorno lúgubre.
Aunque el video incluía una aclaración sobre el uso de dramatizaciones generadas por IA, muchos votantes —en particular los adultos mayores— cuestionaron la veracidad de la situación.
Ante esta situación, la campaña de Evette respondió utilizando también herramientas digitales para difundir un contenido en el que se visualizaba a su oponente, Alan Wilson, rechazando una llamada de Donald Trump.
Por su parte, la vicegobernadora de Minnesota, Peggy Flanagan, también fue blanco de un deepfake durante las primarias, donde se le representaba sonriente sobre acumulaciones de dinero, lo que generó alarma inicial entre sus simpatizantes antes de asegurar su victoria.
Desafíos para la democracia y la regulación federal
Expertos como Travis Ridout, codirector del Wesleyan Media Project, advierten que la falta de distinción entre contenido real y artificial puede llevar a los ciudadanos a basar sus decisiones en información falsa.
Asimismo, Mekela Panditharatne, del Brennan Center for Justice, señaló el riesgo del denominado “dividendo del mentiroso”, una táctica en la que políticos desacreditan pruebas auténticas tachándolas falsamente de creaciones de inteligencia artificial.
Actualmente, ante la ausencia de una normativa federal universal, la regulación recae de forma fragmentada en aproximadamente una treintena de estados con leyes locales sobre la materia.
