Valencia, 14 de octubre de 2026-. Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de este 13 de octubre, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó sobre el envío al Tribunal Supremo de Justicia del anteproyecto de reforma parcial de la Ley contra el Odio, según reportó el portal periodístico Efecto Cocuyo. La remisión busca que la Sala Constitucional del alto tribunal revise el texto legislativo antes de continuar su tramitación en el Poder Legislativo.
La consulta judicial se fundamenta en el artículo 3 de la normativa constitucional aprobada en 2020, el cual exige validar que los cambios propuestos guarden conformidad con la Carta Magna nacional.
Advierten que el anteproyecto de reforma de la Ley contra el Odio no aborda la eliminación plena de sanciones
La diputada Amelia Belisario, integrante de la comisión especial de reforma presidida por el parlamentario Pedro Infante, advirtió que la propuesta oficialista se concentra en despenalizar conductas mediante la eliminación de penas de prisión. No obstante, la legisladora precisó que la fracción opositora insiste en la eliminación de las sanciones administrativas.
El artículo 20 de la ley vigente establece penas de diez a veinte años de cárcel para quien difunda mensajes considerados de discriminación o violencia. Asimismo, el texto contempla la revocatoria de concesiones a medios radiotelevisivos y el bloqueo de portales electrónicos junto a multas económicas.
Peticiones de derogatoria y balance de sanciones
Diversas organizaciones de derechos humanos y gremios profesionales reclaman la derogación integral de la normativa por considerarla inconstitucional. Cifras de la organización Foro Penal señalan que aproximadamente 927 personas han sido imputadas bajo el delito de instigación al odio desde su promulgación en 2017.
