Valencia, 13 de abril de 2026-. Exigen liberación de presos políticos un grupo de activistas y organizaciones de derechos humanos en Venezuela. La petición busca abrir un canal directo con la Defensoría del Pueblo.
Los solicitantes consideran que no ha habido respuestas efectivas ante las denuncias. Señalan que persisten detenciones arbitrarias y violaciones a garantías fundamentales.
La iniciativa pretende generar diálogo institucional para atender la situación de los detenidos. También busca visibilizar los casos pendientes.
Exigen liberación de presos políticos en un contexto donde organizaciones mantienen seguimiento constante de estas situaciones.
Activistas de derechos humanos solicitan reunión con la Defensoría del Pueblo
De acuerdo con la organización Foro Penal, cientos de personas continúan privadas de libertad por motivos políticos en el país.
Un reporte reciente señala que al menos 485 personas permanecen detenidas por estas causas.
Aunque se han producido excarcelaciones en los últimos meses, las organizaciones advierten que el problema persiste.
Además, indican que muchos detenidos no han recibido una resolución definitiva de sus casos.
Exigen liberación de presos políticos al considerar que las medidas actuales no han sido suficientes para resolver la situación.
También destacan que algunos liberados continúan con restricciones judiciales, como presentación periódica o prohibición de salida.
Denuncias sobre irregularidades
Las organizaciones aseguran que varios procesos presentan irregularidades judiciales. Entre ellas, mencionan falta de garantías y retrasos procesales.
También señalan el uso de acusaciones amplias, como incitación al odio o terrorismo. Estas figuras, indican, se aplican en distintos casos.
Exigen liberación de presos políticos al considerar que estas prácticas afectan el debido proceso.
Asimismo, advierten que algunos detenidos enfrentan condiciones difíciles mientras esperan decisiones judiciales.
Los activistas reiteraron la necesidad de atención institucional inmediata. Insisten en que la Defensoría del Pueblo debe actuar como garante de derechos.
La solicitud busca abrir un espacio de diálogo que permita revisar los casos. También plantea avanzar hacia soluciones que respeten las garantías legales.
