Abren juicio contra el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre tras acusarlo de ocultar videos clave de la desaparición de los 43 estudiantes en México. La Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó este miércoles la apertura formal de un juicio penal contra el exgobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta implicación en la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Ciertamente, las autoridades judiciales determinaron la vinculación a proceso del exmandatario regional luego de imputarle el encubrimiento y ocultamiento de grabaciones de video cruciales registradas durante la noche del crimen en 2014.
Audiencia judicial, pruebas del caso y desacreditación de la defensa
Al respecto, la decisión judicial se emitió tras una extensa audiencia de casi 14 horas iniciada el miércoles, en la cual el juez desestimó los alegatos de la defensa que sostenían que Aguirre Rivero no se encontraba en la entidad cuando ocurrieron los hechos. Por consiguiente, el magistrado confirmó la medida de prisión preventiva y otorgó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria. Sin embargo, el imputado permanecerá recluido en el Penal del Altiplano, en el Estado de México, donde se encuentra privado de libertad desde su detención el pasado 7 de agosto.
«Un colaborador confirmó en enero la existencia de los videos y señaló que fueron sustraídos para entregárselos directamente al entonces gobernador», detalló la acusación presentada por la Fiscalía General de la República.
Efectivamente, la imputación se fundamenta en dos testimonios clave recabados en 2026. El primero de ellos reveló que las imágenes captadas por cámaras frente al Palacio de Justicia de Iguala —que mostraban el momento en que policías interceptaban el autobús 1531 con los estudiantes— no sufrieron fallas técnicas como se alegó inicialmente, sino que fueron sustraídas para la Gobernación.
Testimonios de 2026, antecedentes políticos y la herida abierta de Ayotzinapa
Órdenes de eliminación de evidencia
Por lo tanto, la Fiscalía incorporó una segunda declaración obtenida en mayo, en la cual se asevera que Aguirre Rivero ordenó de forma explícita a altos funcionarios de su gabinete desaparecer toda evidencia vinculada con los sucesos registrados en esa jurisdicción. Por esa razón, el exgobernador —quien dirigió la entidad entre 2011 y octubre de 2014— enfrenta cargos formales por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada.
Doce años sin justicia completa
Por otra parte, los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en su trayecto hacia Ciudad de México, continúan marcando la agenda social del país doce años después. A la fecha únicamente se han logrado identificar los restos de tres de los jóvenes desaparecidos.
Con información de EFE
