Abogados de Jair Bolsonaro solicitan anular su condena de 27 años por golpe de Estado y exigen su libertad provisional ante la Corte Suprema. El equipo legal del expresidente Jair Bolsonaro consignó este jueves 1 de octubre de 2026 un nuevo recurso de revisión criminal ante el Supremo Tribunal Federal (STF) con el propósito de invalidar la condena de 27 años de presidio que el dirigente cumple bajo arresto domiciliario por encabezar una tentativa de golpe de Estado.
La solicitud formal demanda además una medida cautelar de suspensión de la pena, mecanismo que otorgaría la libertad provisional al exmandatario durante el tiempo que los togados dediquen a evaluar el fondo del expediente.
Solicitud de excarcelación y asignación del recurso al juez Nunes Marques
Los juristas tramitaron formalmente la petición el pasado 25 de septiembre luego de superar desavenencias estratégicas en el seno del equipo defensor.
La directiva legal había presentado una solicitud similar el día 24, pero retiró el documento a las pocas horas debido a profundas divergencias de criterio.
El trámite procesal recayó directamente en el despacho del magistrado Kassio Nunes Marques, quien integra el pleno de 11 miembros del alto tribunal tras su designación en 2020 por el propio gobierno de Bolsonaro.
En tal sentido, la defensa sostiene que el arresto carece de validez técnica al apoyarse en evidencias que incumplieron los protocolos forenses elementales.
A este respecto, los letrados presentaron una pericia informática que expone diversas anomalías en la preservación de los registros electrónicos utilizados durante el juicio oral.
Asimismo, el informe pericial aclara que los peritos no detectaron adulteraciones explícitas en los ficheros examinados.
Aunado a esto, los consultores técnicos argumentan que la falta de verificación completa del origen, la extracción y el procesamiento de los metadatos limitó gravemente el derecho de la defensa a contrastar las acusaciones.
Cuestionamientos a las pruebas digitales y el rol de Alexandre de Moraes
Anomalías en las conversaciones de Signal del teniente coronel Mauro Cid
Por otra parte, los abogados centraron sus objeciones en el manejo de las conversaciones obtenidas de los celulares del teniente coronel Mauro Cid, antiguo edecán de la Presidencia.
El informe técnico denuncia que los peritos policiales documentaron varios mensajes de la aplicación encriptada Signal mediante simples grabaciones en video a la pantalla física del teléfono móvil:
- Los investigadores descartaron la extracción forense digital estandarizada que garantizaba la autenticidad íntegra de las conversaciones.
- La defensa denuncia la omisión injustificada de los archivos originales recabados en el propio celular de Bolsonaro.
- La carencia de estos respaldos impidió practicar auditorías externas independientes sobre las comunicaciones analizadas.
En consecuencia, los litigantes argumentan que los tribunales sustentaron la sentencia condenatoria sobre elementos probatorios defectuosos.
De igual manera, el equipo jurídico advierte que validar estos procedimientos abre una peligrosa brecha de indefensión para cualquier ciudadano ante el sistema penal.
La polémica sobre Daniel Vorcaro y las pesquisas al pleno
Por añadidura, la defensa reforzó su postura invocando los recientes debates del pleno del Supremo en torno al proceso que salpica al magistrado Alexandre de Moraes.
Los juristas recordaron la causa abierta por los mensajes que De Moraes intercambió con el exbanquero Daniel Vorcaro, procesado judicialmente por estafa financiera:
Los alegatos citan las intervenciones de varios jueces y del propio fiscal general sobre los límites estrictos que el modelo acusatorio impone a las facultades investigadoras de los magistrados.
Por otro lado, la Fiscalía General cuestionó previamente aquel procedimiento al considerar obligatorio someter la apertura de la investigación al conocimiento del pleno judicial.
De modo que los defensores de Bolsonaro comparan ese caso con la causa por noticias falsas que involucró al líder ultraderechista en la trama golpista, asegurando que De Moraes nunca consultó al pleno cuando el mandatario gozaba de inmunidad presidencial, vulnerando así el reglamento interno de la corte.
Con información de EFE
