En entrevista concedida a medios de comunicación, el abogado zuliano Juan Pablo Montiel abordó la importancia de que la ciudadanía conozca los mecanismos legales para actuar ante presuntas prácticas irregulares cometidas por cuerpos policiales u organismos de seguridad del Estado.
Durante el encuentro, el jurista enfatizó la necesidad de denunciar de manera oportuna, resguardar las evidencias pertinentes y acudir a las instancias competentes para garantizar el debido proceso.
Asimismo, reiteró su disposición de ofrecer orientación jurídica gratuita a quienes dispongan de elementos probatorios suficientes para fundamentar sus denuncias.
— Frente a la desconfianza generalizada de la ciudadanía, que califica la denuncia formal como inútil, ¿cuál es la vía para exigir garantías?
Entiendo perfectamente ese sentimiento; es la postura predominante en la opinión pública y en las redes sociales. Sin embargo, al tener conocimiento de un hecho punible, la denuncia es una obligación. Es el único mecanismo que activa el aparato de justicia, permite ordenar diligencias de investigación y reconstruir los hechos. El silencio termina por convertir a la víctima o al testigo en cómplice de las prácticas irregulares. Denunciar es el «botón rojo» para accionar la defensa de los derechos, llevar a los responsables ante los tribunales y combatir la impunidad. No existe otra vía.
— Existe la percepción de que la falta de recursos económicos para contratar un abogado privado impide formalizar estos procesos. ¿Es así?
No, eso es un error. Para formular una denuncia ante el Ministerio Público o cualquier cuerpo de investigación, el único requisito es presentar la cédula de identidad, y los funcionarios están en la obligación de procesarla. Si bien la asesoría jurídica es clave, las personas sin recursos económicos pueden acudir a instituciones estatales como la Defensoría del Pueblo para recibir asistencia. Por mi parte, y dentro de mis posibilidades, mantengo el compromiso de orientar de manera gratuita a quienes requieran apoyo técnico en un caso particular.
—¿Cuál es su llamado final a los ciudadanos frente a posibles abusos de poder?
El mensaje es claro: no tengan miedo de ejercer sus derechos. Comprendo el temor y la desconfianza, pero la única forma de frenar los abusos es denunciándolos. Cuando se presenta una denuncia sólida, se le hace seguimiento y las instituciones actúan, se fortalece la confianza ciudadana y se sienta un precedente. No denunciar solo perpetúa el problema.
Mi llamado es a documentar los hechos, preservar las evidencias y utilizar las herramientas que la ley otorga. De forma personal, seguiré con las puertas abiertas para orientar a quien lo necesite, siempre que existan elementos probatorios suficientes, porque la impunidad solo se combate rompiendo el silencio.
