El País – Valencia, 10 de marzo de 2025-. Sin dinero, migrantes deportados por Estados Unidos a Panamá, de distintas nacionalidades, buscan adónde ir. El gobierno de Maduro anunció que no recibirá a sus nacionales deportados por la revocación de la licencia de Chevron ordenada por la administración Trump. Por su parte, Ecuador anunció que no recibirá a migrantes deportados de otras nacionalidad. El tema central es qué pasa con todas esas personas ante esta nueva situación.
Por ejemplo, desde esta semana unos 65 migrantes deportados desde EE.UU. a Panamá en febrero, mayoritariamente asiáticos, se enfocan afanosamente en que la capital de Panamá los acoja. Forman parte de un grupo de 112 migrantes, de los 299 enviados a Panamá por el gobierno de Trump, autorizados para salir temporalmente del albergue donde estaban recluidos desde hace dos semanas en la provincia selvática de Darién, fronteriza con Colombia.
Tras un trayecto de cinco horas en autobús, estas personas quedaron a su suerte tras llegar al terminal de buses de Albrook en la capital, el sábado. Solo a un puñado de migrantes con hijos Unicef se les consiguió un hotel en Ciudad de Panamá por una semana, según periodistas. El resto debe procurarse hospedaje y alimentos, aunque muchos no tienen dinero. Mientras, deben hacer las gestiones para conseguir un país que los reciba.
Un iraní de 33 años, que viaja con dos niños, muestra un billete estadounidense y afirma a los periodistas: “No tengo dinero, solo un dólar”.
Hasta el año pasado, miles de migrantes cruzaban la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá en su marcha hacia el norte. Pero ahora, con la política de deportaciones del Trump, la mayoría de los migrantes en Panamá y otras naciones centroamericanas hacen el recorrido inverso hacia Sudamérica.
El viernes el gobierno de Panamá anunció un permiso de 30 días, que puede ser prorrogado a un máximo de 90 días, para que los 112 migrantes puedan salir del albergue de San Vicente a gestionar visas a otros países.
El permiso fue anunciado tras críticas de organizaciones de derechos humanos, que afirmaron que San Vicente y el refugio de migrantes Catem en Costa Rica eran “centros de detención”, más que albergues.
“El compromiso es el retorno voluntario bajo su propio recurso a su país de origen o a un tercer país que los quiera recibir”, explicó el ministro de Seguridad, Frank Ábrego. Sin embargo, Ábrego advirtió que “si en 90 días ellos no han abandonado el país, serán expulsados o deportados”.
Ellos son 24 migrantes de Irán, 21 de Camerún, 12 de China, 10 de Nepal, 9 de Afganistán, 7 de Vietnam, 6 de Etiopía, 6 de Uzbekistán, 5 de Nigeria, 2 de Eritrea, 2 de Pakistán, 2 de Somalia, 2 de Ghana, 2 de Rusia, 1 de Angola y 1 de Sri Lanka.
“No tengo información sobre donde debería esperar o dormir, porque de repente todos llegamos aquí [a la capital panameña], sin dinero, sin información, así que la situación es realmente mala”, dice la iraní Artemis Ghasemzadeh.
Esta conversa al cristianismo huyó de Irán, pero se topó con la política de deportaciones del gobierno de Trump. Su caso fue informado en febrero por The New York Times.
Con información de El Tiempo.
