Versión Final – Caracas, 31 de octubre de 2023. Las masivas protestas en Panamá contra un contrato minero han paralizado al país, a tal punto de obstaculizar el paso a una caravana de migrantes que cruzan el tapón del Darién para intentar atravesar el país centroamericano y seguir su camino hasta Estados Unidos.
Las estaciones de recepción de migrantes de Lajas Blancas y San Vicente, en Darién, y el pueblo Bajo Chiquito tiene unos cuatro mil viajeros varados debido a que el paso está obstaculizado por las multitudinarias manifestaciones de los panameños.
Según Centroamérica360, la cantidad de migrantes en la localidad genera hacinamiento a la hora de instalar carpas o necesitar de agua potable e insumos médicos, pues es un poblado pequeño. Todos tienen la intención de llegar a Costa Rica y seguir el camino hacia Norteamérica.
Se estima que en Bajo Chiquito no hay infraestructura para que los migrantes duerman varias noches. Hasta ahora solo era un lugar de paso, en el que organizaciones civiles y de asistencia humanitaria ofrecían atención primaria de salud, alimentación y aseo.
Mientras tanto, más de cinco mil personas marcharon este lunes desde un céntrico parque de la capital panameña hasta los predios de la Asamblea Nacional exigiendo al presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, que elimine el contrato ley con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM).
“¿Queremos diálogo? ¡No! ¿Consulta? ¡No! ¡Queremos derogación ya del contrato minero!”, gritaron este lunes miles de panameños en Ciudad de Panamá pese a la propuesta del Ejecutivo de someter el contrato a una consulta popular vinculante, como salida a la crisis que vive el país.
Los motivos que más indignan a quienes se oponen al proyecto parten en que el contrato parece haberse hecho a espaldas de la comunidad. La ley fue debatida, aprobada y sancionada por el Gobierno en un tiempo récord: solo en tres días. Además, según cuenta Banfield, no se le permitió a la gente consultar bien el documento desde el principio y antes de que entrara a los debates. “La plataforma no permitía descargar el documento, tampoco conocer las opiniones que las personas vertían y mucho menos saber a dónde iba a parar lo que uno pudiera opinar. No es hasta que este documento entra al primer debate en la Asamblea Nacional que, a propuesta del diputado Juan Diego Vásquez, se logra establecer una discusión con la participación ciudadana”, explica la activista
“(La consulta popular) no nos sirve porque es una propuesta realmente inconstitucional. Es ganas de marear al pueblo y él sabe que no es legal”, dijo el líder indígena Ariel Mendizábal.
