Denuncias de espionaje y presunta infiltración electoral sacuden a la inteligencia del gobierno de Petro tras destaparse seguimientos a expresidentes y planes sobre el censo de 2026. Graves denuncias de espionaje y presunta infiltración electoral sacuden actualmente a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del gobierno de Gustavo Petro en Colombia, luego de que investigaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y la revista SEMANA destaparan seguimientos contra expresidentes y maniobras para interferir en las elecciones presidenciales de 2026.
En concreto, estos hallazgos periodísticos trascienden el plano meramente administrativo y apuntan hacia una seria vulneración contra el sistema democrático del país.
La operación «Grecia» y los nombres vinculados a la infiltración de campañas
Al respecto, el pasado 12 de noviembre, SEMANA divulgó que la DNI infiltró campañas presidenciales mediante una operación denominada «Grecia», despliegue cuyo objetivo buscaba obtener información reservada sobre estrategias, reuniones y movimientos de los candidatos.
De este modo, la agencia encargada de garantizar la seguridad nacional quedó en el centro de un torbellino político por vigilar presuntamente a adversarios electorales.
Asimismo, los documentos filtrados mencionan a los funcionarios de la DNI Gustavo Lozano y Ricardo Rosanía, junto con tres ciudadanos españoles: Manuel Grau, Xavier Vendrell y Ramón Devesa González.
De igual manera, los informes señalan a Andrés Gamero como presunto reclutador de jóvenes dentro de las campañas para extraer datos destinados a la inteligencia estatal, logrando penetrar el equipo de Paloma Valencia mientras la campaña de Abelardo de la Espriella evitó la infiltración.
El intento de René Guarín por conseguir datos de votantes en la Registraduría
Por otra parte, la polémica escaló al conocerse que el 9 de abril de 2026 el entonces director de la DNI, René Guarín Cortés —exguerrillero del M-19 designado por Petro cuya trayectoria incluye controversias por los hechos del Palacio de Justicia en 1985—, solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil información detallada sobre los ciudadanos habilitados para votar.
Aunque la entidad justificó este requerimiento bajo argumentos de seguridad nacional, la Registraduría rechazó entregar los datos personales y puestos de votación de los electores por carecer de sustento legal, situación que despertó la preocupación inmediata del exregistrador Juan Carlos Galindo y de Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral.
Aunado a ello, el caso suma la aparición de Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de la DNI a quien señalan de integrar una red de hackers que buscaba atacar los sistemas informáticos de la Registraduría. Si bien las autoridades aún no demuestran un vínculo directo entre esos ataques cibernéticos y la agencia estatal, la carta firmada por Guarín constituye una prueba concreta del interés oficial por acceder a información electoral sensible.
Conexiones internacionales y exigencia de sanciones ejemplares
En paralelo, la presencia de Ramón Devesa González conecta estas denuncias en Colombia con antecedentes similares en Ecuador, donde el asesinado legislador Fernando Villavicencio lo acusó en 2022 de dirigir operaciones de ciberinteligencia y campañas de desprestigio, lo cual despierta serias interrogantes sobre los nexos entre los entornos de Petro y Rafael Correa.
Finalmente, mientras las pesquisas abarcan desde la infiltración política hasta el seguimiento tecnológico contra periodistas, la opinión pública exige que la Fiscalía investigue a fondo quién autorizó estas operaciones y qué papel desempeñó la Presidencia de Gustavo Petro, pues confirmar un uso indebido de la inteligencia estatal para manipular comicios representaría un abuso de poder que demanda sanciones contundentes.
Con información de Versión Final
