Trump ordena a miles de contratistas federales consultar con la Casa Blanca antes de responder al Congreso y desata una batalla por las investigaciones demócratas. En medio de una creciente tensión política en Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó un nuevo decreto que obliga a todos los contratistas y subcontratistas federales a consultar previamente con su administración cualquier solicitud que reciban del Congreso.
En concreto, esta medida busca frenar las investigaciones que liderarán los demócratas cuando asuman el control legislativo en enero, exigiendo que las compañías coordinen directamente con la Casa Blanca y las agencias gubernamentales las «respuestas apropiadas» frente a cada requerimiento oficial.
Amenazas de cancelación de contratos y blindaje en el Pentágono
Al respecto, el mensaje del Ejecutivo resulta contundente, pues cualquier empresa que incumpla esta directriz arriesga la cancelación inmediata de sus acuerdos vigentes y la suspensión de futuros trabajos con el gobierno federal.
Asimismo, la administración republicana diseñó esta estrategia como una respuesta directa ante la promesa demócrata de fiscalizar minuciosamente los contratos públicos, poniendo especial atención en aquellos acuerdos que involucran a firmas vinculadas con la familia Trump, como ocurre en el Pentágono.
De igual manera, el abogado de Trump, Will Scharf, ordenó a las agencias federales obtener autorización expresa tanto de su despacho como de la Oficina de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca antes de que sus funcionarios comparezcan ante los legisladores, llegando incluso a advertir en una carta reciente que ciertas pesquisas podrían constituir «criminalidad flagrante».
Reacción del Comité de Supervisión y choque por el privilegio ejecutivo
Por otra parte, ante estas restricciones, el representante Robert Garcia, líder demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, exigió a los miembros de la familia Trump y a los altos funcionarios del gabinete preservar todos los documentos oficiales.
Además, el congresista rechazó los intentos de limitar la transparencia gubernamental y calificó el decreto como un «ataque descarado al derecho constitucional del Congreso a ejercer supervisión», advirtiendo con firmeza que «apenas estamos comenzando».
Sin embargo, la Casa Blanca defendió estas nuevas exigencias mediante un documento informativo donde enmarca la orden como una protección legítima de los privilegios ejecutivos frente a los excesos legislativos, argumentando que algunos líderes parlamentarios invaden las competencias presidenciales al «hostigar a las empresas privadas que contratan con el gobierno federal».
Un pulso legal con decenas de miles de empresas involucradas
Cabe destacar que, aunque presidentes de ambos partidos invocaron históricamente el privilegio ejecutivo para resguardar la confidencialidad de sus deliberaciones frente al Congreso, los tribunales y la opinión pública, este recurso legal carece de carácter absoluto y suele desatar litigios complejos y prolongados.
Finalmente, la nueva disposición alcanza a decenas de miles de contratistas y subcontratistas en todo el país, demostrando que la administración Trump mantendrá una defensa férrea frente a las investigaciones parlamentarias que se aproximan.
Con información de Versión Final
