Comité de Postulaciones Judiciales reitera que no admitirá a todos los aspirantes del Poder Judicial y activa el plazo de 15 días para impugnar a los 1.343 inscritos. El Comité de Postulaciones Judiciales, a través del diputado Luis Florido, reiteró que registrar 1.343 aspirantes para renovar los cargos del Poder Judicial no implica que la instancia acepte todas esas candidaturas.
El parlamentario explicó el alcance real de esta etapa preliminar del proceso institucional: «Postularte sencillamente es un acto administrativo… la ley nos obliga a publicar a todos, pero muchos de los postulados no van a ser aceptados por distintas razones que están establecidas en la constitución».
Desglose oficial de los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia
Al respecto, el organismo publicó el listado completo este viernes 20 de noviembre en medios de comunicación y redes sociales oficiales. Asimismo, mediante esos canales, la instancia detalló que recibió 1.066 candidaturas para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 166 para la Inspectoría General de Tribunales y 111 para la dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura.
Plazos legales para impugnaciones ciudadanas y derecho a la defensa
Por otra parte, tal como establece el artículo 71 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cualquier ciudadano interesado dispone de 15 días continuos, contados a partir de esta divulgación pública, para presentar objeciones contra alguno de los candidatos. Una vez vencido ese lapso, el Comité cuenta con ocho días continuos para revisar los recaudos recibidos y definir quiénes integran la lista definitiva de admitidos.
De igual manera, si la instancia acepta alguna impugnación, sus integrantes notificarán directamente al postulado afectado para que presente su defensa formal dentro de los tres días siguientes.
Facultades de investigación ante instituciones públicas y privadas
Finalmente, conforme a lo que dicta el artículo 72 de la misma legislación, el Comité de Postulaciones posee plena autoridad para solicitar información a cualquier órgano o ente público y privado, entidades que mantienen la obligación legal de colaborar y entregar los datos pertinentes para verificar la idoneidad de cada aspirante.
Con información de Unión Radio
