Asamblea Nacional debate la Reforma de la Ley contra el Odio con comunicadores y plantea eliminar las penas de prisión para dar paso a un enfoque formativo. Comunicadores sociales de diversos ámbitos —desde medios populares hasta alternativas comunitarias— acuden este jueves al Salón Bicentenario del Palacio Federal Legislativo para participar en la Consulta Pública de la Reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, iniciativa que busca promover la convivencia pacífica y la tolerancia entre los ciudadanos.
En concreto, durante la jornada parlamentaria, el diputado Pedro Infante, quien preside la Comisión Especial encargada de redactar el proyecto, enfatizó el propósito central de esta revisión normativa: «esta ley tiene como bien jurídico preservar y cuidar la vida».
Del castigo penal hacia un modelo educativo y preventivo
Al respecto, las palabras del parlamentario subrayan la necesidad de construir un marco jurídico mucho más inclusivo para el país. Asimismo, Infante explicó que esta reforma parcial transforma profundamente el carácter punitivo del texto vigente para sustituirlo por una visión pedagógica, proponiendo exactamente «cambiar el enfoque punitivo a uno formativo y establecer conceptos claros». De este modo, los legisladores buscan reorientar las sanciones legales para priorizar la educación ciudadana por encima del castigo tradicional.
Multas, trabajo comunitario y respaldo del Tribunal Supremo de Justicia
Por otra parte, esta modificación legislativa responde directamente a una solicitud que presentó la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, propuesta que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya declaró plenamente viable.
Entre las transformaciones más relevantes del articulado, el proyecto elimina las penas de prisión y las reemplaza por multas económicas junto a jornadas de trabajo comunitario. Además, la normativa incorpora definiciones jurídicas precisas para impedir cualquier discrecionalidad al momento de aplicar la ley.
Finalmente, este despliegue de consulta ciudadana representa un avance determinante hacia una legislación que consolide el respeto mutuo y la tolerancia, en un momento histórico donde el diálogo y la convivencia pacífica cobran mayor relevancia que nunca para la sociedad venezolana.
Con información de Versión Final
