Valencia, 19 de noviembre de 2026-. La ONU aclaró que la libertad de asociación no requiere autorización previa del Estado y tampoco puede restringirse mediante leyes que penalicen la financiación extranjera.
La libertad de asociación no requiere autorización previa del Estado y tampoco puede restringirse mediante leyes que penalicen la financiación extranjera. Así lo aclaró este jueves 19 de noviembre de 2026 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en unas nuevas directrices sobre la protección de este derecho fundamental.
El documento establece que las personas pueden crear organizaciones, incorporarse a ellas y desarrollar actividades colectivas sin depender del reconocimiento de las autoridades. También advierte que pertenecer a una asociación no registrada no debe convertirse en motivo de criminalización o sanción.
El comité considera que la libertad de asociación es indispensable para la dignidad humana. Además, permite que individuos y comunidades expresen colectivamente sus ideas, defiendan intereses y participen en la vida pública.
Las directrices surgen en un contexto de denuncias sobre cancelaciones de organizaciones, restricciones legales y persecución contra entidades que cuestionan las políticas gubernamentales. Los expertos recuerdan que este derecho está protegido por el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La ONU aclaró que la libertad de asociación no requiere autorización previa del Estado y tampoco puede restringirse mediante leyes que penalicen la financiación extranjera
Uno de los puntos centrales del documento es el derecho de las asociaciones a buscar y recibir recursos económicos fuera de sus países. El comité advierte que obtener financiación extranjera constituye una actividad legítima y protegida por el derecho internacional.
El artículo 22.1 del pacto protege la posibilidad de buscar, obtener, recibir y utilizar recursos materiales, incluidos los procedentes del extranjero. Esta garantía también comprende la cooperación internacional y el trabajo de las organizaciones a través de las fronteras.
Por ello, los expertos rechazan que las asociaciones sean etiquetadas automáticamente como «agentes extranjeros» o consideradas amenazas para la seguridad nacional por recibir apoyo internacional.
El pronunciamiento adquiere relevancia ante las restricciones aplicadas en países como Nicaragua y Rusia. En esos casos, las autoridades han utilizado la procedencia de los fondos como argumento para imponer controles o medidas contra organizaciones civiles.
El comité también advierte sobre el uso indebido de leyes antiterroristas y disposiciones de seguridad nacional para limitar el trabajo asociativo. Señala que las normas redactadas con términos imprecisos, como «extremismo» o «indeseables», pueden facilitar restricciones arbitrarias.
Organizaciones críticas también están protegidas
Las directrices establecen que la protección de la libertad de asociación no depende de que las actividades de una organización coincidan con las posiciones del Gobierno.
El derecho también ampara a grupos con ideas controvertidas, disidentes o contestatarias, siempre que sus actividades estén protegidas por las garantías correspondientes. Incluso contempla acciones colectivas y pacíficas de desobediencia civil.
El comité advierte, además, sobre el aumento de la vigilancia contra las asociaciones mediante herramientas digitales. También considera incompatible con el pacto la infiltración de agentes policiales o de inteligencia en estas organizaciones.
Entre los sectores que enfrentan mayores riesgos de persecución identifica a pueblos indígenas, afrodescendientes, minorías religiosas y étnicas, mujeres, menores de edad y personas LGBTI. También incluye a personas con discapacidad, personas con VIH, sindicalistas, defensores de derechos humanos y representantes de la oposición política.
La ONU alerta sobre restricciones al espacio cívico
Aunque las directrices no señalan gobiernos específicos, distintos organismos de Naciones Unidas han documentado restricciones a la sociedad civil en países como Nicaragua, Venezuela y Rusia. El documento también recoge preocupaciones sobre medidas contra organizaciones en democracias europeas, particularmente grupos de apoyo a la causa palestina.
El comité está integrado por 18 expertos independientes elegidos por los Estados que forman parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su función incluye supervisar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por esos países.
En sus conclusiones, los expertos subrayan que la libertad de asociación debe garantizarse incluso durante situaciones de emergencia. Consideran que su protección es una condición esencial para mantener sociedades democráticas y espacios cívicos abiertos, plurales e inclusivos.
