Campesinos en Colombia denuncian envío de bolsas mortuorias y sabotajes en una finca vinculada a un exparamilitar mientras el giro político amenaza la reforma agraria. El miedo y la incertidumbre embargan hoy a unas 77 familias campesinas que habitan en la finca La Alquería, al noreste de Colombia, predio que el Estado les adjudicó hace medio año y donde actualmente enfrentan amenazas, intimidaciones y presiones constantes para que abandonen las tierras.
Esta crisis pone en entredicho el mecanismo mediante el cual obtuvieron dichas parcelas: la reforma agraria que impulsó el anterior Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) con base en el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Al respecto, Salvador Lara Hernández, vocal de la Asociación de Campesinos y Comunidades sin Tierra del Cesar, relató a la agencia EFE la gravedad de los hostigamientos contra los dirigentes y habitantes del asentamiento: «Al líder de nuestra organización le hicieron llegar unas bolsas mortuorias a la casa de sus hijas».
Cabe destacar que La Alquería abarca 466 hectáreas en la zona rural de Valledupar, capital del departamento del Cesar, y según denunció el senador Iván Cepeda, su historial vincula directamente al predio con Hugues Rodríguez, un antiguo jefe paramilitar que se declaró culpable por narcotráfico en Estados Unidos.
Un proceso agrario bajo cuestionamiento tras el cambio de Gobierno
Posteriormente, durante un debate de control político celebrado el pasado 27 de octubre contra el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond —y tras visitar personalmente el terreno junto a medios de comunicación—, Cepeda recordó estos antecedentes y alertó sobre el acoso que sufren las familias que recibieron la finca de manos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en mayo.
De acuerdo con las estadísticas oficiales de ese organismo, más de medio millón de personas —entre familias rurales y víctimas del conflicto armado— obtuvieron beneficios mediante este reparto agrario.
Sin embargo, el programa enfrenta hoy serios obstáculos tras la llegada a la Presidencia colombiana de Abelardo de la Espriella, dirigente ultraderechista y opositor declarado del acuerdo de paz que relegó la reforma agraria a un segundo plano dentro de su agenda gubernamental.
Sabotajes cotidianos y destrucción de cultivos en las parcelas
Por otra parte, Mayelis Mendoza, fiscal de la Asociación de Mujeres Rurales de Tierras Nuevas, explicó que el hostigamiento ocurre de forma cotidiana porque sujetos identificados como trabajadores de los antiguos ocupantes advierten a los labriegos que no siembren, alegando que la finca pertenece todavía a Rodríguez y que «tendrán que devolverla». Asimismo, Mendoza denunció que estos individuos cortan los alambrados perimetrales para permitir el ingreso de ganado, animales que destruyen los cultivos de maíz, yuca, patilla, caña y plátano.
De igual manera, Fabián Carrillo, director ejecutivo de la misma asociación, confirmó que los campesinos reciben mensajes intimidatorios donde les exigen frenar cualquier inversión o trabajo agrícola bajo la advertencia de que «pueden perder lo que produzcan cuando la finca vuelva a manos de su antiguo propietario». Ante este escenario, Carrillo rechazó tajantemente el despojo: «No queremos que un predio que fue entregado para resarcir a las víctimas vuelva nuevamente a manos de los victimarios», subrayando que tales presiones siembran pánico entre quienes llegaron al lugar para construir un proyecto de vida digno.
La defensa de la esperanza campesina y el reclamo de garantías estatales
En consecuencia, estas agresiones contrastan duramente con la enorme ilusión que despertó en la comunidad recibir finalmente la tierra tras más de una década de reclamos, logro que concretó el Ejecutivo de Petro en mayo pasado. Para Mendoza, aquella adjudicación significó «la oportunidad de trabajar por cuenta propia y construir un futuro para sus hogares», anhelo que hoy siente en grave peligro.
Además, los líderes rurales exigen al Estado garantías reales para permanecer en el asentamiento, avanzar en la titulación definitiva de las parcelas y proteger los compromisos del acuerdo de paz de 2016: «Aquí tenemos nuestro futuro, nuestro sustento, el futuro de nuestros hijos y nuestra soberanía alimentaria», resumió Lara.
En este mismo sentido, el senador Cepeda exhortó a las autoridades de Valledupar y a los organismos competentes a resguardar la integridad de esta comunidad que demostró «el valor de denunciar las amenazas y presiones de Hugues Rodríguez, con la complicidad del Gobierno» de De la Espriella. Mientras aguardan respuestas institucionales, las familias continúan sembrando en La Alquería, aunque trabajan bajo el temor permanente de que el ganado arrase sus cosechas o de que las intimidaciones escalen hacia nuevos hechos de violencia.
Con información de EFE
