ONG documenta casi 400 ataques contra familiares de presos políticos en Cuba y revela cómo los cuerpos policiales usan a los reclusos como rehenes para silenciar las denuncias. La organización no gubernamental Justicia 11J denunció este miércoles que registró al menos 389 eventos represivos contra 106 mujeres familiares de presos políticos en Cuba, hechos que ocurrieron entre el 11 de julio de 2021 y el 31 de octubre de 2026.
De acuerdo con su informe titulado Mujeres que sostienen la lucha, siete de cada diez incidentes (271 casos) golpearon directamente a 59 madres, esposas, hermanas e hijas de ciudadanos que las autoridades encarcelaron tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J).
Según detalló la agrupación en el documento, los mecanismos de hostigamiento más habituales incluyen citaciones e interrogatorios (102 eventos), amenazas directas (87), detenciones arbitrarias (77) y vigilancia o sitio policial alrededor de sus hogares (69).
Asimismo, el reporte destaca que en 66 ocasiones los funcionarios aplicaron represalias durante las visitas penitenciarias, ejecutando arrestos al entrar o salir de los penales, reteniendo alimentos o medicinas, confiscando correspondencia y negando visitas a modo de castigo.
Uso de reclusos como rehenes y encarcelamiento de familiares
Por otro lado, la entidad con sede en México advirtió sobre 22 episodios graves donde las autoridades utilizaron al prisionero como rehén, pues los agentes amenazaron con trasladarlo lejos o aplicarle castigos carcelarios si sus parientes persistían en sus denuncias públicas.
De igual manera, la organización alertó que al menos seis mujeres pasaron de acompañar a un familiar detenido a enfrentar procesos judiciales o terminar encarceladas ellas mismas, destacando el caso de una ciudadana a quien los tribunales impusieron una condena de 14 años de prisión.
En cuanto al origen de estas agresiones, los investigadores observaron que los cuerpos de seguridad activan la represión frente a acciones específicas de defensa cívica. Entre estas actividades figuran las denuncias en redes sociales, la asistencia a misas por los detenidos, las reuniones entre allegados y los encuentros con representantes diplomáticos.
Incumplimiento de obligaciones estatales y exigencia de respuestas
Consecuentemente, Justicia 11J subrayó que todos estos abusos evidencian que el Estado incumple sus deberes fundamentales de resguardar el vínculo familiar, asegurar un trato digno a quienes acuden a los centros penitenciarios y proteger a las denunciantes frente a cualquier represalia.
Finalmente, la organización enfatizó que esta sistemática vulneración de derechos contra las mujeres cubanas demanda documentación rigurosa, reconocimiento público y una respuesta efectiva.
Con información de Aberto News
