Venezolanos deberán ajustar sus presupuestos luego de la aprobación de las nuevas tarifas eléctricas.
El Parlamento venezolano aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Eléctrica, un cambio legislativo que abre las operaciones del sector a la inversión privada y establece una nueva estructura tarifaria. El proyecto legal contempla la actualización de precios mediante su vinculación al tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), que actualmente corresponde al euro.
La información sobre el alcance del nuevo marco regulatorio fue confirmada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El reporte sobre las modificaciones del mercado energético fue publicado originalmente por la agencia Bloomberg.
Venezolanos deberán ajustar sus presupuestos luego de la aprobación de las nuevas tarifas eléctricas
En el marco de la reforma de la Ley Eléctrica, las empresas privadas podrán incorporarse a las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización mediante licencias y concesiones con lapsos de hasta 25 años. El modelo autoriza a las compañías generadoras a suscribir contratos bilaterales de suministro directo con grandes consumidores industriales y comerciales sin controles de precios previos.
Pese a la apertura de mercado, el Estado mantendrá la reserva sobre las principales cuencas de generación hidroeléctrica, las redes troncales de transmisión y el despacho del sistema. Para la supervisión del sector se creará la Superintendencia del Sistema Eléctrico, ente encargado de fijar las metodologías tarifarias para el segmento residencial.
«Habrá un régimen de subsidios para los usuarios que no tengan ingresos suficientes para pagar el precio pleno de la electricidad», puntualizó Jorge Rodríguez. El parlamentario detalló que dicha protección social será financiada con los aportes procedentes de los sectores industrial, comercial y de usuarios con mayor capacidad económica.
Diagnóstico del sistema e inversiones requeridas
La promulgación de la reforma de la Ley Eléctrica responde al deterioro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y a los requerimientos financieros para recuperar la infraestructura. Estimaciones de las firmas Siemens Energy y General Electric, respaldadas por la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (Aviem), calculan que se requieren entre 15.000 y 40.000 millones de dólares para estabilizar el servicio.
En mayo de 2026 la demanda nacional se situó en 15.579 megavatios (MW), superando la generación máxima de Corpoelec que bordeaba los 13.000 MW. Las fallas recurrentes han impactado al sector productivo; gremios como Conseturismo reportan que el gasto energético representa hasta el 15 % de los costos operativos en hoteles y posadas debido al uso continuo de plantas de autogeneración.
