Asamblea Nacional aprueba por unanimidad la reforma de la Ley Eléctrica para permitir la entrada de capital privado con concesiones de 25 años y tarifas indexadas. La Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico este martes 10 de noviembre de 2026.
Los diputados lograron el consenso legislativo luego de aplazar tres veces consecutivas el debate definitivo en la plenaria, abriendo formalmente las compuertas del sector energético a la inyección directa de capital privado y extranjero.
El ingreso de empresas mixtas, los plazos de 25 años y el papel del Ministerio
Al articular el nuevo andamiaje jurídico con las normativas previas que facilitan la inserción de capitales foráneos en áreas estratégicas del país, el texto legal consagra formalmente la participación de múltiples actores en la fase de generación.
En tal sentido, la norma sancionada establece con claridad que la actividad de generación «será ejercida por la empresa operadora del Estado, así como por empresas mixtas y privadas que cuenten con la habilitación correspondiente».
A este respecto, el instrumento legal contempla que las autoridades podrán otorgar concesiones a corporaciones privadas por un lapso contractual de hasta 25 años continuos.
Aunado a esto, el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, tomó la palabra durante las deliberaciones plenarias para despejar dudas sobre el verdadero alcance ideológico del texto legal: «No promueve en modo alguno la privatización del sector, pero sí la apertura para que sectores privados puedan incorporarse a la generación y a la autogeneración de electricidad».
Dicha facultad administrativa recaerá de manera exclusiva en el Ministerio de Energía Eléctrica, ente rector que otorgará las habilitaciones para aquellos proyectos cuya capacidad supere los 50 megavatios (MW) o involucren bienes de dominio público, redes troncales de transmisión, comercialización exclusiva o sistemas interconectados de alcance regional.
Asimismo, la legislación estipula que, una vez vencido el periodo de la concesión, la empresa operadora privada deberá restituir y transferir formalmente a la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) o a la entidad designada, libres de cualquier gravamen, todos los bienes incorporados, adquiridos o construidos durante la vigencia del contrato.
El blindaje de la industria petrolera, las tarifas indexadas y el arbitraje legal
La obligación de autogeneración y la independencia de las redes internas
Por otra parte, la reforma consagra mecanismos de protección jurídica para atraer a los inversionistas, autorizando que las controversias que las partes no resuelvan de forma amigable pasen a manos de tribunales venezolanos o se diriman «mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitraje».
En esa misma dirección, la normativa impone deberes específicos a los consorcios de hidrocarburos para evitar sobrecargas en la red pública, ordenándoles «asegurar y garantizar el suministro continuo, regular, confiable, suficiente y estable de energía eléctrica para la ejecución de las actividades primarias, mediante modelos de autogeneración, cogeneración o contratación de terceros, dirigidos a asegurar su autonomía operativa».
En consecuencia, el texto exonera a las operadoras petroleras y a las sociedades generadoras independientes del requisito de solicitar autorización estatal cuando generen electricidad para alimentar sus redes internas, manteniendo la fiscalización pública únicamente cuando decidan interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional.
Dicha exención operacional brinda agilidad a los campos extractivos, permitiendo que las corporaciones transnacionales financien sus propias plantas termoeléctricas sin depender de la frágil infraestructura estatal.
De igual manera, el sector industrial privado observa con entusiasmo la posibilidad de establecer acuerdos de suministro directo para blindar sus cadenas de manufactura frente a las interrupciones del fluido.
La indexación de los cobros y el régimen de subsidios sociales
Por añadidura, el titular de la Asamblea Nacional detalló el funcionamiento del nuevo esquema de facturación comercial y residencial tras culminar la votación unánime.
Rodríguez aclaró que el despacho ministerial indexará las tarifas eléctricas a la moneda de mayor valor que circule en el mercado, equilibrando las cuentas de servicio con la realidad inflacionaria: «Habrá un régimen de subsidios sobre todo para aquellas personas que por razones de su nivel de ingreso no puedan pagar una tarifa plena, como sí lo pueden pagar los industriales y aquellas personas que tienen actividad comercial».
En tal contexto, los analistas económicos consideran que la indexación monetaria aportará el flujo financiero indispensable para que las empresas recuperen sus inversiones, al tiempo que el esquema de subsidios focalizados protegerá el poder de compra de las familias de bajos recursos.
Por otro lado, diversos sectores gremiales y productivos esperan que el Ejecutivo publique prontamente el reglamento técnico para conocer los plazos exactos de las convocatorias a licitación de los primeros 50 MW.
Con información de Banca y Negocios
