Abuela damnificada por los sismos de La Guaira se encadena a la puerta de su apartamento en San Antonio de Los Altos ante la negativa de desalojo de inquilinos morosos. Omaira Bello, una abuela damnificada en el estado La Guaira por los terremotos del pasado 24 de junio, se encadenó el sábado 7 de noviembre de 2026 en el marco de la puerta de su propio apartamento, ubicado en la Torre 1 de las residencias OPS, en el municipio Los Salias del estado Miranda.
La propietaria tomó la drástica decisión de atarse con eslabones de metal para forzar la restitución urgente de su bien raíz, tras denunciar el reiterado incumplimiento de contrato por parte de los arrendatarios que ocupan el lugar.
El origen del conflicto, el impago prolongado y la evasión ante Sunavi
Al detallar los antecedentes del pleito contractual que la empujó a adoptar esta medida extrema, la señora Bello explicó que los ocupantes acumulan once meses continuos sin cancelar el canon de arrendamiento acordado.
En tal sentido, los residentes morosos rehúsan abandonar voluntariamente el inmueble familiar, ignorando los múltiples requerimientos y notificaciones formales de entrega que la afectada consignó por las vías regulares.
A este respecto, la ciudadana elevó la querella administrativa ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi), despacho público que libró tres boletas oficiales de citación obligatoria.
Aunado a esto, la inquilina principal desacató sistemáticamente los llamados conciliatorios del organismo estatal, utilizando sus conocimientos y herramientas de carácter jurídico para esquivar las comparecencias y dilatar la resolución del expediente.
Dicha conducta evasiva agotó la fase amistosa de mediación institucional, derivando el conflicto civil directamente hacia la jurisdicción de los tribunales locales del estado Miranda.
Asimismo, la perjudicada rechazó los tiempos muertos del aparato judicial ordinario, advirtiendo que los lapsos formales del sistema tribunalicio demoran hasta 12 meses complementarios, una tardanza que amenaza gravemente su subsistencia.
El drama de las dos ancianas y el llamado directo al Ministerio Público
La vulnerabilidad tras los terremotos de junio
Por otra parte, la señora Bello relató el calvario que padece a raíz del fenómeno sísmico de mediados de año, contingencia que demolió su vivienda principal en el litoral central venezolano.
La propietaria asume en la actualidad la manutención y el cuidado médico directo de su madre, una ciudadana de 88 años con severos requerimientos de estabilidad y reposo diario.
En consecuencia, la dueña exteriorizó su angustia entre lágrimas desde el pasillo del edificio: «Yo realmente necesito mi vivienda porque estamos damnificadas. Somos personas de la tercera edad y mi mamá tiene 88 años. No es justo».
Dicha situación desnuda la vulnerabilidad extrema de dos mujeres mayores que deambulan sin morada fija, mientras personas ajenas disfrutan de su patrimonio privado sin transferir los pagos correspondientes.
De igual manera, la mujer remarcó que las personas atrincheradas dentro de su piso promovieron roces permanentes y entorpecieron los pasos institucionales orientados a zanjar la controversia pacíficamente.
La exigencia de mediación fiscal urgente
Por añadidura, la manifestante apeló a la sensibilidad de los entes gubernamentales y emplazó formalmente al fiscal general de la República para que asuma la rectoría del litigio.
Bello solicitó una inspección exhaustiva de su causa penal y civil, reclamando medidas de protección cautelar que restituyan el inmueble a sus verdaderas dueñas sin mayores trabas administrativas.
En tal contexto, los vecinos de la urbanización Los Salias expresaron muestras de solidaridad hacia la abuela encadenada, facilitándole abrigo y alimentos mientras aguarda en la entrada de la Torre 1.
Por otro lado, los activistas de derechos de adultos mayores recalcaron que las leyes venezolanas ordenan salvaguardar de manera prioritaria a los ancianos despojados de sus domicilios.
Con información de Caraota Digital
