Valencia, 5 de noviembre de 2026-. Detuvieron a chofer del presidente del Gobierno español en medio de una nueva investigación por corrupción.
La operación del caso Koldo suma seis detenidos este jueves 5 de noviembre, entre ellos Cristian Corvillo, antiguo chófer de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ejecutó los arrestos y varios registros en Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla. Los agentes también inspeccionaron las instalaciones de ADIF Alta Velocidad y la vivienda del exministro José Luis Ábalos en Valencia.
La operación responde a una orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. El magistrado abrió el pasado martes 3 de noviembre una pieza separada y secreta. La decisión llegó después de recibir un nuevo informe de la UCO, cuyo contenido todavía se desconoce.
Según fuentes jurídicas citadas por EFE, esta nueva investigación deriva de la rama que analiza presuntas comisiones ilegales en contratos de obra pública. Las diligencias se desarrollan junto a la Fiscalía Anticorrupción.
Por su parte, fuentes consultadas por The Objective señalaron que los investigadores realizaron varios requerimientos a ADIF. Durante las actuaciones, los agentes también retiraron expedientes de contratación.
Detuvieron a chofer del presidente del Gobierno español en medio de una nueva investigación por corrupción
Cristian Corvillo es militante del PSOE y trabajó como chófer de Pedro Sánchez durante la campaña interna que permitió su regreso a la secretaría general socialista en 2017.
Según The Objective, acompañó al actual presidente del Gobierno en una ruta por Andalucía. Sánchez buscaba apoyos después de abandonar la dirección del partido en octubre de 2016.
Corvillo también llegó a encabezar temporalmente la candidatura socialista de Peñarroya-Pueblo Nuevo, en Córdoba, durante 2015.
Su nombre aparece en las investigaciones relacionadas con las tramas de las mascarillas y los hidrocarburos. Uno de los elementos señalados por los investigadores es un documento de marzo de 2020.
Según publicó The Objective, el comisionista Víctor de Aldama anotó 100.000 euros a nombre de «Cristian». El documento coincide con el periodo de adjudicación de contratos de Puertos del Estado y ADIF.
Además, Corvillo habría enviado a Aldama un correo electrónico el 18 de marzo de 2020. El mensaje contenía certificados de equipos de protección.
Aldama lo reenvió 56 minutos después a Koldo García. La UCO sostiene en sus informes que Corvillo estaba «a las órdenes» del comisionista en diferentes negocios.
Entre las operaciones mencionadas figura la compra del chalé de La Alcaidesa. Aldama asegura que esa propiedad iba a utilizarse como una mordida destinada a Ábalos.
Una operación empresarial bajo sospecha de la UCO
Otro informe policial apunta a una operación vinculada con Corvillo Energy, empresa relacionada con el detenido.
Según los investigadores, esta compañía habría adquirido participaciones de MTM 180 Capital, propiedad de Víctor de Aldama. La operación le habría reportado presuntamente 3,3 millones de euros.
Por otra parte, la asociación Hazte Oír solicitó en junio al juez Santiago Pedraz que citara a Corvillo como testigo.
La petición se produjo dentro de una investigación sobre un supuesto fraude de 231 millones de euros en el sector de los hidrocarburos.
El caso Koldo también alcanza los contratos de obra pública
El caso Koldo comenzó en 2024 y abarca distintas investigaciones. Entre ellas figuran las adjudicaciones de mascarillas durante la pandemia y los contratos de obra pública.
En esta última rama están imputados José Luis Ábalos, el exdirigente socialista Santos Cerdán y la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera.
La información proporcionada señala que las condenas dictadas hasta ahora corresponden a la trama de las mascarillas.
El Tribunal Supremo condenó a Ábalos a más de 24 años de prisión. Su antiguo asesor Koldo García recibió una pena superior a 19 años.
Víctor de Aldama, considerado comisionista en la trama, fue condenado a cuatro años y medio de cárcel. Su pena permanece suspendida, por lo que no ha ingresado en prisión.
La nueva operación incorpora seis detenciones y registros en varias ciudades españolas. Los investigadores buscan documentación relacionada con las contrataciones públicas y las operaciones bajo sospecha.
