Valencia, 1 de noviembre de 2026-. Unas 400 familias de Caraballeda solicitaron formalmente la reclasificación de sus inmuebles para poder acceder a los créditos bancarios que les permitan adquirir nuevas viviendas.
Alrededor de 400 familias residentes de los complejos habitacionales OPPE 30 y 34, ubicados en la parroquia Caraballeda del estado La Guaira, solicitaron formalmente a la Comisión de Habitabilidad y Vivienda la reclasificación de sus inmuebles. La exigencia busca corregir el estatus registrado en el sistema oficial para acceder a créditos bancarios destinados a la adquisición de nuevas viviendas.
Los afectados señalaron que las estructuras quedaron severamente comprometidas e inhabitables tras el sismo ocurrido meses atrás. A pesar de poseer etiquetas rojas de inspección, las torres no figuran catalogadas como estructuras colapsadas en la base de datos institucional, obstáculo que invalida el trámite financiero.
Félix Pineda, vocero de las familias damnificadas, explicó que las identificaciones colocadas en las paredes no detallan la información técnica requerida por las entidades bancarias. Agregó que el estatus actual no refleja el deterioro real de las infraestructuras.
«El banco requiere que la etiqueta diga colapsada para que nos puedan aprobar el crédito», enfatizó Pineda al exponer los requisitos exigidos por la banca pública para otorgar el financiamiento habitacional.
Unas 400 familias de Caraballeda solicitaron formalmente la reclasificación de sus inmuebles para poder acceder a los créditos bancarios que les permitan adquirir nuevas viviendas
Los habitantes de los urbanismos OPPE 30 y 34 informaron que la problemática persiste desde hace tres meses sin recibir soluciones concretas. Frente a esto, demandan la realización inmediata de una nueva inspección técnica que permita actualizar los registros de los inmuebles.
Por su parte, Oriana Cardona, también afectada por la contingencia, denunció irregularidades en la gestión del sistema de información. Detalló que las edificaciones figuraron inicialmente en la plataforma bajo la categoría de «edificación colapsada», pero posteriormente las autoridades restringieron el acceso a dicha base de datos.
Cardona indicó además que las instituciones prometieron la sustitución de la señalización, pero las nuevas etiquetas entregadas mantienen la categoría de clasificación roja de acceso no permitido. Esta denominación sigue siendo rechazada por los entes financieros al momento de evaluar las solicitudes de préstamo.
Damnificados aguardan por una solución habitacional
Las familias perjudicadas por los sismos mantienen la solicitud ante los organismos competentes para destrabar los trámites administrativos y financieros. El objetivo central del reclamo es lograr la adjudicación de los recursos necesarios para reubicarse en espacios seguros.
