Asamblea Nacional frena el debate final de la reforma eléctrica tras solicitar Pedro Carreño más tiempo de revisión en medio de reclamos por apagones y un plan técnico de 40.000 millones de dólares. La Asamblea Nacional postergó este jueves 22 de octubre de 2026 la segunda discusión del proyecto de reforma parcial de la Ley del Servicio Eléctrico.
El freno a la aprobación definitiva ocurrió durante la sesión ordinaria transmitida por la señal digital del Parlamento en YouTube, luego de que el diputado Pedro Carreño solicitara formalmente diferir el debate con el propósito de profundizar la revisión de los articulados. Dicho aplazamiento congela temporalmente la entrada en vigencia de un texto legal diseñado para reordenar la operatividad del Sistema Eléctrico Nacional.
Alcances del proyecto normativo y la intervención de Pedro Carreño
Durante la lectura formal de los considerandos en el hemiciclo de sesiones, los secretarios detallaron las metas que persigue el texto legal:
- El instrumento jurídico contempla regular integralmente la prestación del servicio en el territorio venezolano, abarcando desde la generación y transmisión hasta el despacho, distribución y venta de energía.
- La propuesta normativa incorpora la fiscalización de los intercambios internacionales de electricidad para abrir esquemas de cooperación regional.
- El documento fija el compromiso de garantizar el acceso universal en condiciones de igualdad, continuidad, seguridad y alta calidad para salvaguardar el desarrollo socioeconómico de la nación.
- El texto promueve expresamente «la construcción de un sistema eléctrico nacional eficiente, eficaz, efectivo, transparente, sostenible y seguro que garantice los derechos de las personas».
- El diputado Pedro Carreño tomó la palabra en la plenaria para fundamentar que las comisiones técnicas requieren más jornadas de trabajo antes de someter los artículos al voto definitivo.
En tal sentido, la bancada parlamentaria respaldó la moción para coordinar consultas adicionales con especialistas del sector estatal y privado.
A este respecto, diversos juristas explican que la segunda discusión representa el paso reglamentario indispensable para sancionar y promulgar cualquier ley orgánica u ordinaria.
Aunado a esto, las bancadas del Parlamento acordaron mantener el proyecto en agenda preferente para retomarlo en las sesiones inmediatas.
Asimismo, los analistas del área pública señalan que la redacción final deberá contemplar incentivos para la modernización de las subestaciones averiadas.
La crisis estructural, cifras de protestas y el plan de los ingenieros
Diagnóstico de gremios técnicos y costos de recuperación
Por otra parte, la postergación coincide con estimaciones alarmantes presentadas por gremios de la ingeniería venezolana sobre el colapso del sistema.
La Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines calculó este miércoles que la rehabilitación energética del país demandará inversiones de hasta 40.000 millones de dólares.
Dicha institución profesional advirtió que la recuperación requerirá un plan maestro de ejecución continua a lo largo de al menos 10 años.
Los técnicos atribuyen el colapso actual a más de una década de desinversión sostenida en turbinas, líneas de alta tensión y plantas térmicas.
En consecuencia, los voceros de la oposición y diversos analistas independientes denuncian que la falta de mantenimiento riguroso y la corrupción administrativa agravaron la vulnerabilidad de las redes.
De igual manera, los portavoces del Ejecutivo nacional sostienen que los apagones derivan del impacto del bloqueo económico, las anomalías climáticas del fenómeno El Niño y ataques de sabotaje.
El descontento de la ciudadanía en las calles
Por añadidura, el malestar social por la agudización de los cortes de luz quedó plasmado en recientes informes de organizaciones no gubernamentales.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social presentó su boletín estadístico registrando 1.101 manifestaciones públicas a escala nacional durante el pasado mes de septiembre.
Dicho balance institucional reveló que 531 de esas protestas vecinales reclamaron soluciones frente a los prolongados racionamientos y fluctuaciones de voltaje.
Por otro lado, los usuarios denuncian constantes pérdidas de artefactos electrodomésticos y dificultades para conservar alimentos y suministros médicos esenciales.
De modo que la pausa parlamentaria solicitada por Carreño, el cálculo de los 40.000 millones de dólares, los 10 años requeridos y los cientos de protestas reflejan la complejidad del desafío eléctrico en Venezuela.
Con información de EFE
