Valencia, 14 de octubre de 2026-. El Gobierno de Estados Unidos reducirá de treinta a diez días el plazo que tienen los refugiados para defenderse cuando las autoridades pretendan retirarles su estatus legal.
La medida acorta drásticamente el tiempo para que los afectados presenten pruebas y alegatos contra la notificación oficial de cancelación de la protección.
En el documento, el DHS justificó que la modificación busca restaurar la integridad del sistema migratorio, mitigar riesgos a la seguridad nacional y prevenir eventuales fraudes.
Proceso de revocación y controles de seguridad
Según la legislación vigente, el Gobierno solo puede revocar el estatus de refugiado si determina que la persona no cumplía con los requisitos legales al momento de su admisión.
Si las autoridades consideran insuficiente la defensa presentada, procederán a retirar la protección e iniciar inmediatamente un proceso de deportación.
Para acceder a esta figura, los solicitantes deben someterse a revisiones de antecedentes por agencias federales, mediante programas como el de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP) impulsado por organismos internacionales.
Rechazo de organizaciones y contexto migratorio
La organización International Refugee Assistance Project (IRAP) rechazó la decisión, advirtiendo que la medida facilitará deportaciones masivas y convertirá la defensa en una mera formalidad.
Por su parte, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) señaló que en el primer año del mandato cerca de 1,6 millones de personas perdieron su estatus legal en el país.
