Residentes y activistas de Doral exigen anular el convenio policial con ICE ante pérdidas comerciales del 80 % y denuncian que la urbe se convirtió en el epicentro de las deportaciones en Florida. Defensores de derechos humanos y residentes de la ciudad de Doral exigieron este miércoles 7 de octubre de 2026 al Concejo Municipal romper de manera inmediata su alianza de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La iniciativa ciudadana busca arrebatarle a esta localidad el lamentable calificativo de «epicentro» nacional de las deportaciones.
Con este objetivo, el líder empresarial y miembro del Venezuelan American Caucus (VAC), Eleazar Guevara, consignó ante la cámara edilicia un pliego respaldado por las rúbricas de 170 familias del municipio, solicitando la derogación formal del denominado ‘Acuerdo 287(g)’, instrumento administrativo que autoriza a los agentes de la policía local a ejercer funciones de agentes migratorios.
El clamor comunitario frente al Concejo y la postura de Christi Fraga
El portavoz vecinal describió con crudeza el clima de persecución que azota a la población civil durante su intervención pública.
Guevara denunció que el miedo generalizado desmoronó la actividad mercantil, provocando caídas de hasta un 80 % en los ingresos de múltiples negocios:
«Ya basta. Lo que está viviendo nuestra comunidad es totalmente vergonzoso, no nada más por las políticas nacionales de lo que está ocurriendo con las redadas migratorias y las detenciones a padres, hombres y mujeres de esta ciudad, Doral hoy es el epicentro de las detenciones migratorias en el país».
En tal sentido, la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), el Southern Poverty Law Center y la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) —plataforma que agrupa a más de 80 asociaciones civiles— respaldaron la protesta comunitaria, alertando que la sede operativa de ICE en Miami comanda la cifra de detenciones en todo el territorio norteamericano.
A este respecto, el colectivo advirtió que articulará una movilización popular masiva para obligar a los concejales a someter a votación la anulación del pacto.
Sin embargo, la alcaldesa republicana de Doral, Christi Fraga, elude la revocación argumentando que una legislación promovida por el gobernador Ron DeSantis le impone mantener vigente este convenio policial, postura que los activistas refutan recordando que varias ciudades vecinas esquivaron la firma del tratado.
Aunado a esto, el consultor de la FLIC, Thomas Kennedy, sintetizó el objetivo central de la lucha ciudadana:
«Lo que queremos es que el Gobierno de Doral mande un mensaje a la comunidad de que quieren proteger a la comunidad y que no son cómplices en esta cacería de brujas que estamos viendo todos los días en Miami, en Doral, en el estado y en el país».
Factura económica millonaria y el confinamiento voluntario en «Doralzuela»
El golpe tributario y la parálisis comercial
Por otra parte, la política de mano dura contra los indocumentados desató un severo descalabro en las arcas municipales y la dinámica urbana.
La comunidad conoce informalmente a Doral como ‘Doralzuela’ debido a que los ciudadanos venezolanos constituyen el 40 % de su población total, la tasa demográfica más alta registrada en los Estados Unidos:
El activista Juan Cuba reveló que las deportaciones costaron 62 millones de dólares a los contribuyentes locales, fundamentando sus señalamientos en estadísticas del Economic Policy Institute (EPI) con sede en Washington.
En consecuencia, los dueños de establecimientos reportan desplomes constantes de entre 70 % y 80 % en sus niveles de facturación durante los últimos meses:
- Los trabajadores temen acudir a sus jornadas laborales por el riesgo de toparse con retenes policiales sorpresa.
- Los compradores habituales eluden los centros comerciales para no exponerse a controles de identidad en la vía pública.
- Las familias optan por el aislamiento domiciliario absoluto para salvaguardar la unidad de sus hogares.
De igual manera, Guevara relató el dramatismo del encierro preventivo: «Muchas familias me han contactado y me han dicho: ‘Eleazar, hay personas que tienen más de dos meses que no salen de su casa, que le están llevando mercado a su casa’. Preso, pero libre en su casa, ya basta».
Miedo vecinal y las advertencias de Tom Homan
Por añadidura, la fundadora del medio informativo Pulso y habitante de la zona, Liz Rebecca Alarcón, confirmó el desolador panorama de las avenidas locales.
La periodista comunitaria aseveró que jamás presenció la localidad «tan desolada, tan vacía y con tanto miedo como ahora»:
Alarcón describió la angustia de las madres en las plataformas digitales: «Están las mamás en los grupos de WhatsApp diciendo: ‘no puedo llevar a mi bebé porque tengo miedo de que me vaya a agarrar ICE’».
Por otro lado, la tensión comunitaria escaló sensiblemente tras la reciente visita que realizó a la ciudad el zar de la frontera estadounidense, Tom Homan.
Durante un acto con sectores hispanos conservadores, el funcionario federal ensalzó un récord histórico de casi 200.000 capturas migratorias acumuladas en cuatro meses, anticipando además que el Gobierno endurecerá e intensificará las deportaciones a lo largo de 2027.
De modo que los residentes intensifican su presión política para evitar que los uniformados municipales continúen entregando vecinos a las patrullas federales.
Con información de EFE
