Defensa de Cilia Flores pide al juez federal que el Estado venezolano financie su arresto domiciliario en Nueva York tras declararse sin fondos propios. El equipo de defensores de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, propuso formalmente este miércoles 30 de septiembre de 2026 que la República de Venezuela asuma íntegramente todos los gastos logísticos, de seguridad y monitoreo que demande su eventual arresto domiciliario en la ciudad de Nueva York.
Los abogados presentaron un pliego petitorio ante el tribunal federal asignado a la causa, sugiriendo al magistrado que transforme cada una de las objeciones expuestas por la Fiscalía en cláusulas de obligatorio cumplimiento antes de que la procesada abandone el recinto carcelario.
El giro de la defensa y las condiciones planteadas al tribunal
La moción escrita plantea un compromiso institucional directo para garantizar la permanencia de la acusada dentro de la jurisdicción neoyorquina.
La primera condición exige que un funcionario autorizado por el Estado venezolano consigne un documento jurado donde certifique que la nación cubrirá el costo de la residencia, el personal de escolta, el rastreo electrónico y la manutención del custodio mientras Flores permanezca fuera de prisión:
El cuerpo legal sostuvo que esta medida solo formalizaría un compromiso que la representación venezolana ya ratificó previamente bajo juramento.
En tal sentido, la defensa planteó la designación de un custodio totalmente independiente que informe de inmediato cualquier anomalía a la corte, sujeto a la aprobación de la Fiscalía y de la oficina de servicios previos al juicio.
A este respecto, el equipo jurídico añadió la suscripción de una fianza dineraria por la suma que determine el juez, la cual contará con el respaldo económico de personas con solvencia financiera calificada por el propio tribunal.
Asimismo, este petitorio representa un viraje radical frente al escrito que los mismos abogados consignaron el pasado 9 de septiembre.
Aquel planteamiento inicial solicitaba trasladar a Flores, de 69 años, a una vivienda privada en Nueva York con escoltas armados las 24 horas, brazalete electrónico, visitas rigurosamente controladas y teléfonos intervenidos, afirmando entonces que la propia acusada sufragaría los gastos.
Aunado a esto, los fiscales no tardaron en reaccionar con dureza ante el diseño de un régimen de custodia tan oneroso en suelo estadounidense.
Indudablemente, el seguimiento a los partes y reportes que emite el circuito judicial federal sobre causas de interés geopolítico es noticia en la cobertura de internacional.
Oposición de la Fiscalía y el alegato de insolvencia bajo perjurio
Rechazo de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York
Por otra parte, la Fiscalía federal desestimó de forma categórica cualquier alternativa de excarcelación en su escrito de réplica consignado el 23 de septiembre:
El fiscal del Distrito Sur calificó a Cilia Flores como un «peligro para el público» y argumentó la existencia de un riesgo de fuga «extremo»:
- El Ministerio Público cuestionó el origen del dinero con el que la acusada planeaba pagar un dispositivo de seguridad privada tan costoso.
- Los fiscales alertaron que Flores mantiene acceso a recursos considerables, reprochando que la procesada jamás consignó un balance patrimonial transparente sobre sus cuentas.
- La acusación estatal advirtió que conceder la medida equivaldría a permitir que un reo con nexos de poder adquiera privilegios penitenciarios exclusivos.
En consecuencia, los representantes de la Fiscalía solicitaron al juzgado ratificar la reclusión en un centro penitenciario federal para blindar el normal desarrollo del juicio.
De igual manera, el acusador público descartó que una residencia particular ofrezca garantías suficientes para neutralizar una posible sustracción de la justicia.
Cilia Flores sostiene que no tiene recursos propios
Por añadidura, la réplica legal presentada este miércoles rechaza de plano la tesis de que la encausada intente «comprar su libertad».
Los juristas aseguraron que su representada carece de capital personal para asumir los honorarios del juicio, recordando que ella misma rindió declaración jurada bajo pena de perjurio:
Flores alegó en una comparecencia de marzo que el propio gobierno de Venezuela viene sufragando la totalidad de sus gastos de representación jurídica, motivo por el cual no cuenta con fondos particulares para afrontar la vigilancia en Nueva York.
Por otro lado, la defensa precisó que el desembolso de aquellos recursos estatales para cubrir a los abogados en suelo norteamericano requirió un permiso y una licencia especial emitida por el propio Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
De modo que el juez a cargo de la causa deberá dirimir si autoriza que el erario público venezolano asuma el costo integral de la reclusión domiciliaria en Manhattan o si mantiene la orden de privación de libertad en un centro de reclusión ordinario.
Con información de Alertas 24
