Colorado demanda a la administración federal para frenar una megacárcel migratoria de 500 millones de dólares en Hudson por ignorar estudios de impacto ambiental. El fiscal general del estado de Colorado, Phil Weiser, interpuso este martes 29 de septiembre de 2026 una demanda contra el Gobierno federal para detener la apertura de un centro de reclusión de inmigrantes con capacidad para 1.200 personas en la pequeña localidad de Hudson, situada a unos 50 kilómetros al noreste de la ciudad de Denver.
El funcionario estatal argumentó que las agencias federales vulneraron el marco jurídico al pactar con una corporación privada sin realizar las evaluaciones ecológicas pertinentes ni certificar la viabilidad de la infraestructura.
Contrato de 500 millones de dólares y omisión de leyes ambientales
La querella formal recayó directamente ante los tribunales federales de Denver, apuntando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El escrito judicial expone que ambas dependencias gubernamentales eludieron sus responsabilidades mandatorias al firmar un acuerdo con la firma privada GEO Group para remodelar y gestionar el antiguo penal de Hudson.
Weiser precisó que el convenio comercial, suscrito el pasado mes de julio, contempla una vigencia de cinco años y un desembolso superior a los 500 millones de dólares para habilitar el recinto carcelario bautizado como Big Horn, el cual permanece clausurado desde el año 2013.
En tal sentido, el fiscal solicitó a los jueces la revocación inmediata de la contratación y la paralización total de los trabajos de remodelación hasta que el Gobierno federal aplique la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA):
«Los habitantes de Colorado están profundamente preocupados por los planes de abrir un nuevo centro de detención de inmigrantes en Hudson para llevar a cabo el plan de deportaciones masivas, inhumano y a menudo ilegal, de la Administración Trump».
A este respecto, el representante legal del estado señaló que las agencias federales deben demostrar de forma irrefutable que las instalaciones califican como un espacio plenamente idóneo para albergar personas bajo custodia migratoria.
Asimismo, los defensores de los derechos civiles sostienen que el uso de prisiones privadas precariza el trato hacia los extranjeros y encarece el gasto público federal.
Aunado a esto, las autoridades estadales advierten que las autoridades federales aceleraron los trámites burocráticos para evadir las consultas públicas con los vecinos de la zona.
Riesgo de colapso en servicios de Hudson y ofensiva legal conjunta
Impacto demográfico sobre el agua, vías y drenajes
Por otra parte, los análisis técnicos del gobierno estatal anticipan un choque severo sobre la calidad de vida de los residentes de la localidad.
El estado sostiene que confinar a 1.200 reclusos prácticamente duplicaría la población total de Hudson, lo que generaría un impacto desmedido en las redes de agua potable, el sistema de aguas servidas, las carreteras comarcales, los estándares de aire limpio y los cuerpos locales de auxilio y bomberos.
De hecho, los propios informes de la oficina de planificación municipal reconocen que la reapertura del centro carcelario demandaría construir un pozo complementario y agrandar la planta potabilizadora.
En consecuencia, los peritos municipales alertaron que la estación de tratamiento de aguas residuales de Hudson ya excede con frecuencia su límite operativo actual.
Alianza de organizaciones civiles y reclamos de zonificación
Por añadidura, el recurso legal de Weiser fortalece un frente jurídico más amplio que busca clausurar el proyecto Big Horn por distintas vías:
La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) y la organización ambientalista GreenLatinos introdujeron una acción judicial la semana pasada contra el ICE por evadir los análisis exigidos por la ley NEPA.
De igual manera, los residentes de la localidad de Hudson y la agrupación ciudadana Together Colorado sostienen un litigio paralelo en tribunales para hacer respetar las ordenanzas municipales sobre zonificación urbana frente a las obras federales.
Por otro lado, los juristas que asesoran a las comunidades confían en que los jueces federales dicten una orden cautelar de suspensión temporal de obras en las próximas semanas.
De modo que la resistencia institucional y vecinal coloca en jaque los planes del Ejecutivo estadounidense para expandir su red carcelaria en el estado de Colorado.
Con información de EFE
