Provea plantea la derogatoria total de la Ley contra el Odio para despenalizar a más de 200 procesados y pide justicia para periodistas, sindicalistas y obreros de Corpoelec. El coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Óscar Murillo, abogó formalmente este miércoles 30 de septiembre de 2026 por una revisión profunda, estructural e integral de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con el propósito fundamental de despenalizar de manera inmediata a la totalidad de los ciudadanos que enfrentan juicios bajo este ordenamiento.
El defensor civil insistió en que el Estado debe anular por completo el texto legal para reparar el daño causado a cientos de familias venezolanas.
Propuesta de derogatoria, balance de procesados y la vía penal
El vocero de la organización defensora de derechos humanos fijó su postura durante una conversación sostenida con el periodista Vladimir Villegas en el espacio radial Entre Líneas, transmitido por el circuito Unión Radio.
Murillo argumentó que cualquier retoque cosmético en la redacción resultará insuficiente si el articulado continúa castigando la libre expresión con penas de prisión:
«Es muy importante que se promueva una revisión amplia, profunda e integral de todo este ordenamiento jurídico que lastimosamente produjo sufrimiento en la población venezolana, y también generó mucha censura y autocensura en la población venezolana. El planteamiento correcto sería la nulidad de este cuerpo jurídico, la derogatoria por todos estos eventos. Al menos Provea tiene en su registro más de 200 personas que han sido penalizadas por la Ley Contra el Odio; sin contar con aquellas que han sido hostigadas, amenazadas y llamadas a declarar arbitrariamente (…) independientemente de la redacción o el marco, se debe despenalizar este tema. Una de las causas nocivas de esta ley es que las imputaciones van por la vía penal y no la civil».
En tal sentido, el coordinador de Provea explicó que trasladar las querellas de opinión hacia la jurisdicción civil evitaría la encarcelación de manifestantes, críticos y líderes comunitarios.
A este respecto, el registro institucional de la ONG contabiliza a más de dos centenares de personas que sufrieron condenas o medidas cautelares privativas desde la promulgación de la norma en 2017.
Asimismo, Murillo remarcó que las citaciones coactivas y los interrogatorios policiales sembraron un clima de silenciamiento forzoso en la sociedad civil venezolana.
Aunado a esto, los activistas consideran que derogar este instrumento constituye un paso fundamental para restaurar las garantías constitucionales en las calles.
Defensa de sectores laborales y el llamado desde el Ejecutivo
Reivindicación de comunicadores, dirigentes y electricistas
Por otra parte, la dirección de Provea puso especial énfasis en los colectivos laborales que padecieron la aplicación más rigurosa de las sanciones:
Murillo subrayó la urgencia de atender las causas que mantienen abiertas contra reporteros independientes, directivos sindicales y empleados de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec):
Los tribunales penales imputaron a estos trabajadores por denunciar fallas en los servicios públicos, solicitar mejoras salariales o documentar la crisis económica en sus centros de trabajo.
En consecuencia, el defensor planteó que las mesas de negociación y los entes de justicia incorporen la defensa irrestricta de estos casos para restituir sus derechos laborales y civiles.
De igual manera, los movimientos gremiales respaldan la postura de Provea al considerar que ningún empleado debe pisar una celda por difundir la realidad de su empresa.
Contexto del anuncio de reforma formulado por Delcy Rodríguez
Por añadidura, el debate público tomó impulso tras las declaraciones emitidas la jornada anterior por la alta dirigencia del Estado:
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instó este martes a modificar parcialmente la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
La mandataria interina insistió en que el escenario sociopolítico actual demanda preservar la paz y revisar los mecanismos legales de entendimiento mutuo.
Por otro lado, los juristas independientes temen que la propuesta gubernamental mantenga figuras ambiguas que permitan reactivar acusaciones arbitrarias en el futuro.
De modo que la sociedad civil organizada redobla los llamados a los legisladores para plantear un desmontaje total y no una simple reforma superficial del texto punitivo.
Con información de Unión Radio
