Fiscales de EEUU acusan al venezolano que recibió un disparo por la espalda del ICE en Texas y podría enfrentar hasta 20 años de cárcel con la bala alojada cerca de la columna. Fiscales federales presentaron cargos formales contra Wilber Rafael Garcés Pérez, un repartidor venezolano de 28 años a quien un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hirió de bala por la espalda el pasado 20 de septiembre en Austin, Texas.
El Ministerio Público le imputó el delito de agredir, resistirse y obstaculizar a un oficial federal, una acusación penal que contempla penas de hasta 20 años de prisión federal.
El incidente en el estacionamiento y las versiones de la persecución
El documento acusatorio detalla que los oficiales interceptaron al joven tras observarlo salir de un establecimiento de comida e identificarlo con una orden definitiva de expulsión.
Garcés Pérez entregó de inmediato su licencia de conducir a los uniformados para colaborar con la identificación rutinaria.
En tal sentido, el propio trabajador explicó posteriormente a los investigadores que reconoció el inminente arresto, por lo que solicitó estacionar el automóvil en un punto seguro para que su cónyuge pudiera retirarlo más tarde.
A este respecto, la denuncia fiscal sostiene que el repartidor desobedeció la orden de descender del vehículo y aceleró la marcha para abandonar el lugar.
La fiscalía argumenta que durante la arrancada el espejo retrovisor lateral del automóvil golpeó el torso de uno de los oficiales actuantes.
El hecho desató una persecución a gran velocidad a través de arterias residenciales y comerciales de la capital texana.
Asimismo, uno de los agentes aseguró que el venezolano intentó embestirlo directamente con el vehículo, justificando que disparó su arma de reglamento ante esa supuesta amenaza.
Garcés Pérez, por su parte, desmintió esa versión y relató que la persecución concluyó cuando la patrulla policial chocó deliberadamente contra su automóvil, momento en el cual el oficial le disparó por la espalda.
Aunado a esto, ambas partes mantienen posturas divergentes sobre el encendido de las luces de emergencia y sobre quién inició los impactos mecánicos entre los vehículos.
Indudablemente, el expediente penal expone además graves fallas técnicas, pues el oficial que abrió fuego no portaba cámara corporal, mientras que el segundo agente registró únicamente la persecución posterior a la detonación.
Estado médico del detenido, defensa legal y frenazo a la expulsión
Consecuencias de salud y disputa por el estatus migratorio
Por otra parte, los galenos del hospital local atendieron al repartidor pocas horas antes de que el ICE lo reingresara directamente a las celdas de detención.
La abogada defensora, Kate Lincoln-Goldfinch, denunció que su cliente permanece recluido en el centro de detención de Pearsall, en el sur de Texas, con el proyectil todavía incrustado en los tejidos lumbares, muy cerca de la columna vertebral.
En consecuencia, la jurista argumentó que el venezolano ingresó legalmente a territorio estadounidense en 2024 utilizando la plataforma CBP One, disponía de un permiso de trabajo vigente y mantenía una petición formal de asilo en pleno trámite.
De igual manera, la defensa aclaró que los tribunales dictaron la orden de deportación en ausencia debido a que las autoridades remitieron las notificaciones judiciales a una dirección residencial anterior.
Por añadidura, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contradice estos alegatos, afirmando que el ciudadano cruzó la frontera de forma irregular y arrastraba una orden de expulsión firme e inapelable.
Reacciones en el Capitolio y audiencias decisivas
Por otro lado, la gravedad del caso trascendió al debate político legislativo dentro del Congreso de los Estados Unidos.
El representante demócrata Greg Casar visitó personalmente al connacional en el recinto de detención de Pearsall para verificar sus condiciones físicas:
«Esta persona necesita un médico, no una deportación ni un centro de detención».
El parlamentario, respaldado por diversas organizaciones civiles, exigió la excarcelación inmediata del joven por estrictas razones humanitarias y reclamó una investigación independiente sobre el proceder del ICE.
De modo que el acusado compareció este martes por primera vez ante el juez penal, preparándose para una nueva audiencia fijada para este viernes donde el tribunal decidirá si mantiene la privativa de libertad.
Mientras tanto, un magistrado federal dictó una medida cautelar que paralizó temporalmente la deportación de Garcés Pérez, convocando a las partes a una sesión especial este miércoles.
Con información de Alertas 24
