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Política y Economía

SNTP exige que la reforma a la Ley contra el Odio elimine bloqueos de portales y cierres de emisoras más allá de suprimir penas de cárcel para garantizar la libertad de prensa

Redacción EPTV
Redacción EPTV
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El SNTP exige que la reforma a la Ley contra el Odio elimine bloqueos de portales y cierres de emisoras más allá de suprimir penas de cárcel para garantizar la libertad de prensa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) solicitó formalmente este martes 29 de septiembre de 2026 que la reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia no se limite únicamente a extinguir los castigos con privativa de libertad, sino que desmantele de raíz la totalidad de los mecanismos de censura e intimidación administrativa que contiene la normativa.

Contents
Insuficiencia de la despenalización y el riesgo de los bloqueosLucha colectiva de la sociedad civil y acuerdos en la mesa de diálogo

La organización gremial difundió un comunicado público donde advirtió que la permanencia de controles sobre emisoras y sitios web mutilará cualquier intento genuino de restaurar el derecho a la información.

Únete al canal de WhatsApp del periodista Jhorman Cruz

#ComunicadoSNTP | La revisión de la Ley contra el Odio debe desmontar tanto la penalización de la expresión como los mecanismos de censura que contiene la norma. Eliminar las penas de prisión sería un avance importante, pero no es suficiente si se mantienen disposiciones que… pic.twitter.com/vZv4TbREem

— SNTP (@sntpvenezuela) September 29, 2026

Insuficiencia de la despenalización y el riesgo de los bloqueos

La junta directiva de la organización gremial valoró la supresión del encierro como un paso positivo, aunque insuficiente frente al entramado punitivo general.

El sindicato remarcó que excarcelar la palabra no resolverá el problema de fondo si los entes reguladores conservan atribuciones punitivas contra las empresas informativas:

«La revisión de la Ley contra el Odio debe desmontar tanto la penalización de la expresión como los mecanismos de censura que contiene la norma».

En tal sentido, la vocería de los comunicadores sociales enumeró las disposiciones lesivas que amenazan a diario el ejercicio del periodismo independiente en el territorio nacional.

A este respecto, el gremio alertó sobre los artículos que facultan al Estado para revocar concesiones del espectro radioeléctrico a estaciones de radio y canales de televisión, imponer multas pecuniarias asfixiantes, bloquear el tráfico hacia portales de noticias y ordenar el retiro unilateral de contenidos editoriales:

«Eliminar las penas de prisión sería un avance, pero no es suficiente si se mantienen disposiciones que permiten revocar concesiones de radio y televisión, bloquear portales, imponer multas y ordenar el retiro de contenidos».

Asimismo, los dirigentes sindicales señalaron que estas medidas administrativas funcionan en la práctica como un torniquete que ahoga financieramente a las empresas editoriales y silencia a las redacciones.

Aunado a esto, diversas asociaciones de la prensa consideran que levantar las restricciones cibernéticas resulta vital para devolver la pluralidad informativa a la ciudadanía.

Lucha colectiva de la sociedad civil y acuerdos en la mesa de diálogo

Reivindicación de años de resistencia cívica

Por otra parte, la organización gremial subrayó que la proyectada rectificación parlamentaria constituye una victoria compartida entre múltiples actores sociales:

El SNTP enfatizó que la discusión de esta enmienda premia el esfuerzo continuo que los comunicadores y las organizaciones no gubernamentales sostuvieron durante años frente a la persecución:

«Para el SNTP, esta revisión reivindica una lucha que hemos sostenido junto con organizaciones de la sociedad civil».

En consecuencia, el documento recordó que los activistas de derechos humanos y los reporteros resistieron valientemente a los abusos procesales para preservar el valor de la verdad en el debate público.

De igual manera, el gremio recalcó que la modificación de esta normativa concreta una de las peticiones históricas que la delegación opositora formuló de forma reiterada durante las rondas de negociación política.

Compromiso de apertura y garantías democráticas

Por añadidura, el sindicato articuló sus reclamos dentro del programa general de restablecimiento institucional acordado entre las partes políticas.

La directiva laboral vigilará que las discusiones sobre derechos fundamentales y garantías democráticas conduzcan a la restitución de todas las plataformas informativas cerradas.

Por otro lado, los redactores y editores insisten en que la derogación de los castigos administrativos permitirá que las emisoras y portales operen sin temor a represalias arbitrarias.

De modo que la iniciativa legal debe proteger el derecho constitucional de los venezolanos a buscar, recibir y difundir noticias sin filtros previos ni coacciones oficiales.

Con información de Alberto News

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