Estados Unidos ha expulsado al menos a 23.000 migrantes a terceros países mediante pactos con 35 Gobiernos, según denuncian expertos de la ONU. Un panel de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló este lunes 28 de septiembre de 2026 que Estados Unidos expulsó al menos a 23.000 migrantes hacia terceros países ajenos a sus naciones de origen.
La Casa Blanca ejecutó estas movilizaciones mediante un polémico esquema de externalización migratoria que involucra a por lo menos 35 Gobiernos alrededor del mundo, eludiendo los estándares elementales del debido proceso.
Violación al principio de no devolución y el riesgo de tortura
Un colectivo conformado por 23 relatores especiales y peritos independientes emitió una enérgica advertencia institucional a través de un documento conjunto.
Los analistas señalaron que estas transferencias territoriales colocan a miles de personas en un riesgo inminente de sufrir tortura, persecución política y múltiples vulneraciones a su dignidad básica.
En tal sentido, los expertos argumentaron que los acuerdos suscritos entre Washington y diversas capitales para recibir aeronaves abarrotadas de personas expulsadas pisotean abiertamente el principio universal de no devolución.
A este respecto, el grupo de especialistas censuró la falta de transparencia que rodea estos convenios bilaterales:
«Debido a su falta de transparencia, estos acuerdos quedan en gran medida fuera de la supervisión democrática y del monitoreo independiente de derechos humanos».
Asimismo, el informe de los relatores no especificó el lapso cronológico exacto en el que las autoridades estadounidenses completaron la deportación de esas 23.000 víctimas.
Aunado a esto, los juristas denunciaron que varios pactos contemplan únicamente una acogida temporal para consumar un nuevo destierro hacia otro país, recurriendo a presiones y amenazas directas para forzar a los afectados a solicitar el retorno a sus tierras natales pese al peligro latente.
La lista de países cómplices y la batalla en la Corte Suprema
Participación de nueve naciones latinoamericanas y la voz de Gehad Madi
Por otra parte, el pronunciamiento de Naciones Unidas individualizó a los Estados que prestan sus pistas de aterrizaje y centros de retención para estas maniobras:
Entre los 35 países involucrados destacan socios de América Latina como Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay.
En consecuencia, el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi, conminó a los gobiernos firmantes a revocar de inmediato estos tratados.
De igual manera, el equipo de observadores exigió reabrir canales de asilo seguros, justos y eficaces que impidan traslados arbitrarios sin derecho a la defensa.
La ofensiva judicial de Donald Trump por las deportaciones exprés
Por añadidura, la Casa Blanca insiste en blindar este andamiaje diplomático para acelerar el volumen de deportaciones masivas que Donald Trump prometió tras asumir el poder en enero de 2025:
El Gobierno norteamericano acudió formalmente la semana pasada ante la Corte Suprema de Justicia para exigir que le permitan seguir desterrando extranjeros hacia territorios no originarios.
Por otro lado, los fiscales de Washington buscan tumbar el dictamen del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, instancia que validó la orden de un magistrado federal de Boston que frenó las repatriaciones expeditas a terceros países.
De modo que el forcejeo legal entre la judicatura estadounidense y las exigencias de Naciones Unidas definirá el destino de futuros contingentes de viajeros.
Con información de EFE
