Fiscalía de Panamá registra 4.599 denuncias por agresión sexual en ocho meses con casi un 80 % de víctimas menores de edad. La Fiscalía General de Panamá reportó que recibió un total de 4.599 denuncias por delitos sexuales entre enero y agosto de 2026, revelando que el 78% de los expedientes corresponde a agresiones contra menores de edad.
El fiscal general de la nación, Luis Carlos Gómez, expuso estas cifras durante un encuentro con sectores eclesiásticos, confirmando un incremento del 13% en comparación con los 4.072 reportes consignados en el mismo lapso del año previo.
Desglose estadístico y la interpretación del Ministerio Público
La máxima autoridad del ente persecutor detalló los rangos etarios que concentran la mayor cantidad de agravios en el territorio panameño.
Gómez precisó que las adolescentes con edades comprendidas entre los 15 y 17 años abarcan el 42% del total de las acusaciones interpuestas ante los despachos judiciales.
En tal sentido, el funcionario argumentó que este incremento interanual del 13% no traduce obligatoriamente una mayor comisión material del delito, sino que refleja un cambio conductual en el entorno de las víctimas:
«No significa necesariamente, por sí solo, un aumento equivalente en la ocurrencia del delito, pero sí puede expresar una mayor disposición de las víctimas, sus familiares o su entorno para comunicar los hechos. Puede interpretarse como una mayor confianza en las instituciones y en todos aquellos mecanismos establecidos para recibir la denuncia y darle un tratamiento cónsono y de respeto».
A este respecto, el titular del Ministerio Público presentó estos balances durante una ceremonia donde el arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa, pidió perdón público tras documentar 24 denuncias de pederastia en el seno de la Arquidiócesis de Panamá entre 2002 y 2025.
Asimismo, el reverendo Jordi Pujol, coordinador de la comisión independiente que auditó los casos eclesiásticos, advirtió que los números oficiales capturan apenas una fracción del fenómeno real:
«En Panamá las cifras oficiales de violencia sexual solo reflejan una parte de lo que ocurre. El miedo, la vergüenza, la dependencia y el temor a no ser creído hace que muchos casos no lleguen nunca a contarse».
Críticas del activismo, maternidad temprana y desamparo estatal
La desconexión preventiva y las violaciones en el hogar
Por otra parte, las organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos femeninos cuestionaron la pasividad de los despachos gubernamentales.
La abogada Suky Yard, directora de la Fundación Vida Mujer, manifestó que el aumento de casos no genera sorpresas en el movimiento social debido a la prolongada ausencia de campañas educativas.
En consecuencia, la jurista denunció una fractura operativa entre las instituciones estatales encargadas de articular políticas públicas para salvaguardar a niñas y adolescentes.
Yard enfatizó que las alcaldías y ministerios omiten diseñar planes de choque comunitarios que acudan a los salones de clase a combatir la hipersexualización y concientizar a las familias.
De igual manera, los libros de registro fiscal contabilizan 177 querellas por violación doblemente agravada, figura penal reservada para ultrajes cometidos por parientes directos dentro del propio hogar.
El drama del embarazo precoz y la falta de apoyo psicológico
Aunado a esto, las organizaciones humanitarias vinculan la proliferación de abusos con el auge desmedido de la maternidad infantil.
Los análisis de la Unicef señalan que las menores de 18 años sufren la inmensa mayoría de agresiones en suelo panameño, donde más de 14.000 adolescentes ejercen la maternidad obligada tras afrontar ultrajes.
Por añadidura, el organismo internacional advierte que Panamá duplica las tasas de embarazo adolescente que registran naciones como Costa Rica y Uruguay.
Por otro lado, la abogada Suky Yard lamentó el abandono estatal que encaran las víctimas una vez que formalizan sus expedientes ante las dependencias judiciales:
«Estamos hablando de niños y niñas a los que su futuro se les destruye y que, encima, nuestro país no tiene un programa de ayuda psicológica para ayudarles a enfrentar el daño que se les ha hecho».
De modo que las secuelas emocionales y reproductivas condenan a miles de jóvenes panameñas al aislamiento social ante la falta de presupuesto asistencial.
Con información de EFE
