Tribunal Supremo autoriza al gobierno de Trump rastrear datos de la ciudadanía antes de los comicios legislativos en medio de fuertes alertas por exclusión electoral. El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este viernes 25 de septiembre de 2026 a la administración del presidente Donald Trump a implementar de forma inmediata un sistema de recopilación y cruce de datos de ciudadanía diseñado para detectar a supuestos votantes no ciudadanos en el padrón.
El fallo judicial otorga un espaldarazo estratégico a la Casa Blanca de cara a las cruciales elecciones legislativas de medio mandato fijadas para el próximo 3 de noviembre, comicios decisivos en los que el Partido Republicano arriesga la mayoría y el control parlamentario en ambas cámaras del Congreso.
Cruce masivo de información y denuncias del bloque demócrata
La plataforma tecnológica del Ejecutivo federal articula archivos y registros sensibles de millones de ciudadanos estadounidenses.
El mecanismo en línea consolida datos sobre estatus migratorio, numeraciones del Seguro Social y expedientes confidenciales para facilitar verificaciones masivas.
En tal sentido, legisladores del Partido Demócrata y organizaciones de derechos civiles expresaron su frontal rechazo al advertir que este filtro administrativo podría dejar al margen de las urnas a un volumen significativo de electores con pleno derecho.
A pesar de los reclamos cívicos, la mayoría del Tribunal Supremo argumentó que los organismos centrales mantienen la obligación legal de colaborar activamente con los estados:
«El Gobierno Federal tiene la obligación de responder a las solicitudes de los funcionarios electorales estatales y locales que buscan verificar la ciudadanía de los votantes».
Asimismo, la sentencia establece un precedente de peso directo sobre los juicios en curso en cortes de menor jerarquía que cuestionan la legalidad de las reformas electorales del mandatario republicano.
Aunado a esto, las autoridades federales aceleran la puesta a punto de los servidores para responder a las consultas técnicas que envíen los secretarios de estado locales antes de la apertura de mesas.
Fuerte disenso liberal y antecedentes judiciales
El voto salvado de Ketanji Brown Jackson
Por otra parte, los tres jueces del ala liberal de la corte manifestaron un enérgico rechazo contra el dictamen mayoritario:
La magistrada Ketanji Brown Jackson encabezó la postura disidente, redactando un voto particular que contó con el respaldo explícito de las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan:
«En mi opinión, sin embargo, el daño causado por imponer cargas o privar del derecho al voto incluso a unos pocos votantes legítimos supera el daño inexistente que experimenta el Gobierno cuando se le impide tomar una medida para la que probablemente carece de autoridad».
En consecuencia, el bloque opositor del tribunal cuestionó que la Casa Blanca exceda sus competencias legales al imponer trabas burocráticas sobre los electores naturales.
Contraste con el revés del correo postal
De igual manera, la decisión de los magistrados introduce un giro técnico respecto a dictámenes emitidos recientemente:
Semanas atrás, el propio cuerpo de jueces desestimó una solicitud del Gobierno que pretendía autorizar al Servicio Postal para examinar e intervenir las papeletas del voto por correspondencia.
Por añadidura, los expertos jurídicos prevén una intensa batalla procesal en tribunales inferiores conforme los condados comiencen a procesar las primeras listas de exclusión.
Con información de EFE
