Provea fija condiciones para la transición ante Dinorah Figuera y exige la liberación plena de presos políticos antes de renovar el TSJ. La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) sostuvo este viernes 18 de septiembre de 2026 una reunión de trabajo con la titular de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera.
El encuentro ocurrió durante la reapertura de la llamada «Comisión de Diálogo para la Transición Democrática», espacio donde la directiva defensora consignó un pliego de exigencias impostergables para recuperar el orden constitucional.
Separación de poderes y respuesta a la crisis humanitaria
Durante la exposición de sus planteamientos iniciales, los representantes de la ONG subrayaron que cualquier mecanismo de transición requiere cimientos democráticos transparentes.
La delegación defensora recalcó que las fuerzas políticas deben concentrar sus primeros esfuerzos en garantizar una auténtica separación de poderes públicos dentro del territorio nacional.
En tal sentido, la organización exhortó a priorizar la recomposición integral del Poder Judicial y del Poder Electoral como árbitros indispensables para el rescate de la confianza cívica.
Asimismo, los voceros gremiales insistieron en que los actores políticos no pueden postergar la atención directa a la severa emergencia social que golpea cotidianamente a las familias venezolanas.
Aunado a esto, los defensores advirtieron que la viabilidad de cualquier ruta democrática depende estrechamente de resolver las precariedades materiales de la población.
Excarcelación inmediata frente a la designación de magistrados
El freno definitivo a los procesos penales
Por otra parte, la organización fijó un posicionamiento enérgico frente al cronograma legislativo que proyecta nombrar nuevos integrantes en la máxima corte de la República:
«Un paso importante, que debería ir en paralelo a la anunciada designación de nuevos Magistrados para componer el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos y el cese inmediato de los procesos de investigación».
En consecuencia, los defensores sostienen que la elección de autoridades jurisdiccionales carecerá de legitimidad mientras las autoridades mantengan ciudadanos tras las rejas por razones de pensamiento disidente.
La agenda pendiente de la comisión parlamentaria
De igual manera, el equipo de la ONG instó a la comisión especial parlamentaria a mantener las puertas abiertas a todos los sectores comunitarios:
Los promotores de los derechos civiles pretenden incorporar el testimonio de los parientes de las víctimas y de los comités de detenidos dentro de los próximos debates de la plenaria.
Por añadidura, los representantes de Provea continuarán monitoreando la actuación de los diputados para verificar si las recomendaciones técnicas ingresan efectivamente en el pliego de acuerdos.
Con información de Alberto News
