Valencia, 4 de septiembre de 2026-. Estudiantes sin un estatus migratorio legal no podrán ingresar en las universidades públicas de Florida tras modificación de las normas de admisión.
Los estudiantes sin estatus migratorio legal no podrán comenzar estudios en las 12 universidades públicas de Florida a partir del curso académico 2027-2028, tras la aprobación unánime de una modificación en las normas de admisión por parte de la Junta de Gobernadores.
La medida afectará de manera directa a prestigiosas instituciones de educación superior del sur de Florida, como Florida International University (FIU) y Florida Atlantic University (FAU), además de otros centros estatales como la University of Florida y la Florida State University.
Estudiantes sin un estatus migratorio legal no podrán ingresar en las universidades públicas de Florida tras modificación de las normas de admisión
La disposición legal determina que cualquier persona considerada «presente ilegalmente en Estados Unidos» perderá la elegibilidad para formalizar una matrícula inicial. Aunque la redacción de la norma especifica que no se ordena la expulsión de quienes ya cursan una carrera, las autoridades locales todavía deben definir los mecanismos técnicos para verificar el estatus de los futuros aspirantes.
El vicegobernador Jay Collins calificó la medida como una decisión de «sentido común» orientada a proteger los recursos públicos. Según declaraciones difundidas por la administración estatal, las universidades financiadas con impuestos locales deben reservarse exclusivamente para quienes se encuentren legalmente en el país. El gobernador Ron DeSantis respaldó la propuesta desde su fase preliminar, argumentando que las instituciones del estado están obligadas a priorizar a los residentes legales.
Reacciones del sector educativo y antecedentes
Por su parte, la Asociación de Educación de Florida (FEA) y United Faculty of Florida criticaron duramente la regulación. El presidente de la FEA, Andrew Spar, advirtió que la política reemplaza el mérito académico por el estatus migratorio, lo que a su juicio desperdicia la inversión pública realizada en la educación primaria y secundaria de estos jóvenes.
Esta prohibición universitaria amplía las restricciones implementadas en el estado desde el año 2025 y profundiza los bloqueos dictados en junio de 2026 contra el acceso a los centros públicos estatales y programas de educación para adultos.
