Valencia, 2 de septiembre de 2026-. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de cinco presos políticos en Venezuela por considerar que se encuentran en una situación de “gravedad y urgencia”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó medidas cautelares para proteger a cinco detenidos venezolanos.
El organismo consideró que enfrentan un riesgo inminente de daños irreparables a sus derechos fundamentales.
La decisión quedó establecida en la Resolución 67/2026, aprobada el pasado 26 de agosto.
El documento fue difundido este martes y beneficia a cinco personas recluidas en el país.
Los beneficiarios son Wilder Anderson Vásquez Velásquez, Maurimal Carolina Solórzano Armas y Freddy Manuel Alvarado Castillo.
También fueron incluidos Pedro Rolando Maldonado Marín y Felipe Santiago Contreras Caldera.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de cinco presos políticos en Venezuela por considerar que se encuentran en una situación de “gravedad y urgencia”
Según las solicitudes recibidas, los cinco privados de libertad permanecen en condiciones consideradas inadecuadas.
Además, enfrentan restricciones para comunicarse con familiares y abogados de confianza.
La CIDH también recibió denuncias relacionadas con la falta de atención médica especializada y oportuna.
Los reportes incluyen padecimientos físicos y psicológicos que requieren seguimiento profesional.
El organismo destacó la situación de vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran los detenidos.
La comisión también señaló que no recibió información del Estado venezolano sobre las medidas adoptadas.
El organismo indicó que esa falta de información impidió conocer acciones destinadas a reducir los riesgos denunciados.
Las medidas cautelares de la CIDH buscan prevenir daños irreparables mientras se mantiene el seguimiento correspondiente.
Exigen atención médica y garantías
La CIDH pidió adoptar acciones urgentes para proteger la vida y la integridad de los cinco beneficiarios.
Entre las medidas solicitadas está una evaluación médica especializada para cada uno de los detenidos.
También exigió proporcionar los tratamientos necesarios y garantizar acceso a agua potable y alimentación adecuada.
En el caso de Maurimal Carolina Solórzano Armas, pidió aplicar medidas específicas con enfoque de género.
El organismo también solicitó aclarar la situación jurídica de Wilder Anderson Vásquez Velásquez.
La CIDH pidió confirmar oficialmente cuándo cumplió su condena y cuándo corresponde su excarcelación.
En caso contrario, solicitó explicar legalmente las razones que justifican su permanencia en prisión.
Además, pidió restablecer el contacto regular de los detenidos con familiares y abogados.
También exigió garantizar que no sufran agresiones, amenazas o intimidaciones dentro de los centros penitenciarios.
Finalmente, solicitó investigar los hechos que dieron origen a la solicitud de protección.
¿Quiénes son los beneficiarios?
Wilder Anderson Vásquez Velásquez fue detenido en 2018 durante una investigación relacionada con el supuesto atentado contra Nicolás Maduro.
Posteriormente recibió una condena de cinco años, según la información incorporada en la resolución.
Sus representantes sostienen que cumplió íntegramente esa condena en octubre de 2023.
Sin embargo, permanece privado de libertad, según las denuncias presentadas ante el organismo interamericano.
Pedro Rolando Maldonado Marín fue presidente de la Corporación Venezolana de Guayana.
Felipe Santiago Contreras Caldera ocupó la vicepresidencia del sector Hierro y Acero de esa corporación.
Ambos fueron detenidos en 2023 durante investigaciones vinculadas con una trama de corrupción denominada “PDSVA-Cripto”.
Posteriormente fueron trasladados y sometidos a condiciones restrictivas, según las denuncias conocidas por la CIDH.
Maurimal Carolina Solórzano Armas y Freddy Manuel Alvarado Castillo también permanecen recluidos.
Los cinco beneficiarios se encuentran en el Internado Judicial El Rodeo I, ubicado en Miranda.
Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron restricciones para elegir abogados y mantener contacto con familiares.
La CIDH consideró que estas condiciones generan un escenario de indefensión para los cinco detenidos.
El organismo recordó que las medidas cautelares forman parte de sus mecanismos de protección.
