Amnistía Internacional denuncia la compra millonaria de software de inteligencia artificial en Argentina para vigilar y perfilar a manifestantes tras reformas del Gobierno de Milei. El Gobierno de Argentina expandió de manera sostenida durante los últimos dos años el uso de tecnologías de vigilancia masiva basadas en inteligencia artificial bajo la administración del presidente Javier Milei, una práctica que incrementó la capacidad estatal para levantar perfiles individuales, recopilar datos y tomar represalias contra ciudadanos, denunció este miércoles 19 de agosto Amnistía Internacional (AI). Ciertamente, la organización no gubernamental advirtió que estas herramientas representan una vulneración directa a las libertades fundamentales en el país suramericano.
Compras millonarias, plataformas de monitoreo y reformas institucionales
Sobre el alcance del informe titulado ‘Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el Gobierno de Argentina’, la institución documentó que el Ejecutivo adquirió sistemas de vigilancia por un valor acumulado de 1,2 millones de dólares entre 2024 y 2025 mediante decretos y resoluciones oficiales. En este sentido, el equipamiento incluye herramientas de rastreo en redes sociales, páginas web, la internet oscura (dark web) y bases de datos públicas, además de software de reconocimiento facial, drones dotados de cámaras térmicas y estaciones de transmisión terrestre automatizadas.
«Estas tecnologías se han convertido en parte integrante de la infraestructura de control estatal: se ha atacado a la disidencia, se ha disuadido a los movimientos de protesta y se ha acosado a grupos marginados, entre otras prácticas autoritarias», advirtió Matt Mahmoudi, investigador y experto en Inteligencia Artificial y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
Por consiguiente, el organismo internacional remarcó que las compras de estos dispositivos se ejecutaron sin un marco regulatorio transparente que garantice la rendición de cuentas.
Impacto en activistas, temor a la identificación y llamados a la regulación
Testimonios sobre intimidación en movilizaciones públicas
Por su parte, la investigación se fundamentó en 21 entrevistas en profundidad realizadas a periodistas, defensores de derechos humanos, dirigentes juveniles, jubilados y migrantes, sumado al análisis de contrataciones públicas y solicitudes formales de acceso a la información. En este contexto, los testimonios revelaron que numerosos activistas recurren a la autocensura y han disminuido su asistencia a marchas pacíficas por temor al rastreo individual, tal como relató Ana Tapia, integrante del colectivo Jubilados Insurgentes, al denunciar vuelos rasantes de drones a escasos metros de las cabezas de los manifestantes.
Exigencia de prohibición sobre el reconocimiento biométrico
Por otro lado, Amnistía Internacional instó formalmente a la Casa Rosada a prohibir de manera inmediata el desarrollo, importación, comercialización y despliegue de tecnologías de reconocimiento biométrico remoto orientadas a labores de vigilancia discriminatoria. Ciertamente, la organización demandó la creación de órganos de control independientes que evalúen los algoritmos utilizados por las fuerzas de seguridad y sancionen los abusos perpetrados a través de estos sistemas tecnológicos.
«Argentina debe demostrar su compromiso con los derechos humanos garantizando que la vigilancia basada en la inteligencia artificial no se utiliza sin control y que los responsables de abusos rinden cuentas de sus actos», enfatizó Mahmoudi en sus conclusiones.
Con información de EFE
