Fiscalía de Perú investiga por homicidio calificado a seis presuntos extorsionadores por provocar el incendio que dejó 10 muertos en Lima mientras la presidenta electa Keiko Fujimori acude al sitio de la tragedia. El Ministerio Público de Perú abrió una investigación penal por el delito de homicidio calificado contra seis presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la extorsión, señalados de provocar el devastador incendio del pasado 22 de julio en el centro de Lima que dejó un saldo de diez personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad. Ciertamente, las pesquisas avanzan para determinar la responsabilidad material e intelectual de los imputados en la tragedia que estremeció al sector comercial capitalino.
Identificación de sospechosos, cobro de cupos y siniestro intencional
Al respecto, el Ministerio Público identificó como presuntos autores del hecho a las hermanas Yesenia y Fabiola Ureta, así como a Miguel Ureta, Fabián González, Juan Ayllón y Terry Cariat, catalogados por las autoridades como integrantes del grupo delictivo «Los vikingos de Gamarra». Por consiguiente, la investigación detalla que esta banda operaba cobrando cupos de dinero a conductores de mototaxis y motos eléctricas que prestaban servicio en los alrededores del emporio de Gamarra y estaciones del Metro de Lima. Sin embargo, ante la negativa o disputas con los trabajadores, los acusados habrían ejecutado reprimendas violentas.
«Yesenia Ureta y su esposo Juan Ayllón, alias «Pimpollo», habrían ordenado incendiar las motos eléctricas estacionadas frente al inmueble de las víctimas tras realizar labores de seguimiento y enviar múltiples amenazas previas», precisó el informe fiscal.
Efectivamente, el fuego iniciado en los vehículos se propagó rápidamente hacia las estructuras adyacentes, consumiendo casi en su totalidad la vivienda de una familia dedicada al transporte de pasajeros, donde perecieron los diez ocupantes. Por este motivo, la mandataria Keiko Fujimori acudió al lugar del siniestro previo a su investidura para entregar ayuda humanitaria a nombre del partido Fuerza Popular y expresar sus condolencias. Por otro lado, la gobernante prometió retornar al sector para anunciar medidas drásticas de combate a la delincuencia.
Diligencias policiales y acciones de la División de Homicidios
Reorientación del caso a la Policía Nacional
Por lo tanto, la Fiscalía derivó las actuaciones procedimentales a la División de Homicidios de la Policía Nacional para profundizar los peritajes en la zona de Manzanilla II. Por esa razón, las autoridades técnicas tomarán las declaraciones formales de los seis investigados y revisarán los antecedentes policiales registrados a sus nombres.
Geolocalización y rastreo de llamadas
Por otra parte, los peritos judiciales ejecutarán el rastreo de geolocalización de las líneas telefónicas vinculadas a los sospechosos para reconstruir su posición al momento del siniestro. Ciertamente, el cruce de datos e imágenes de seguridad resultará determinante para sustentar la acusación formal ante los tribunales. No obstante, los allegados a las víctimas exigen celeridad en la imposición de sanciones penales.
La recolección de pruebas de geolocalización y los interrogatorios policiales definirán la solicitud de medidas cautelares contra los seis investigados.
Con información de Alberto News
