El Foro Penal contabiliza 379 presos políticos en Venezuela tras registrar 14 nuevas detenciones y tres excarcelaciones mientras remite la lista actualizada a la OEA y a la ONU en medio de nuevas negociaciones diplomáticas. La organización no gubernamental Foro Penal reportó que en Venezuela se contabilizan 379 presos políticos al corte del 27 de julio de 2026, según su más reciente informe sobre la situación de las personas privadas de libertad por razones ideológicas.
Ciertamente, el balance refleja que del total de detenidos, 353 son hombres y 26 son mujeres, distribuidos entre 219 civiles y 160 efectivos militares, siendo todos adultos. Por lo tanto, la sistematización de estos casos expone la continuidad de las detenciones por motivos políticos en el territorio nacional.
Variación semanal, estatus judicial y detenidos extranjeros
Al respecto, la ONG detalló que durante la última semana se formalizó la excarcelación de tres ciudadanos, pero en simultáneo se incorporaron 14 nuevos expedientes al registro de personas bajo custodia. Por consiguiente, de las 379 personas contabilizadas, un grupo de 157 cuenta con sentencia firme, mientras que 222 permanecen privadas de libertad sin una condena definitiva. Sin embargo, el informe alerta además sobre la inclusión de 40 ciudadanos de nacionalidad extranjera y la desaparición de un detenido cuyo paradero exacto se desconoce.
«Desde el año 2014 hasta la fecha hemos documentado 19.171 arrestos por motivos políticos, logrando la excarcelación de más de 14.000 personas, aunque más de 11.000 siguen sujetas a medidas cautelares o restricciones de libertad».
Efectivamente, la nómina actualizada con el detalle de cada caso fue remitida formalmente a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para su posterior verificación y certificación internacional. Por este motivo, la difusión de las cifras coincide con la reanudación de los contactos políticos en el país, donde la liberación de detenidos figura como una exigencia central de las organizaciones de derechos humanos. Por otro lado, los activistas reiteran la necesidad de garantías procesales plenas.
Verificación internacional y contexto de negociaciones
Reporte enviado a la OEA y la ONU
Por lo tanto, la remisión del registro a instancias internacionales busca mantener la fiscalización externa sobre el cumplimiento de los tratados de derechos humanos ratificados por la nación. Por esa razón, las ONG intensifican el monitoreo en los centros de reclusión.
Exigencias en las mesas de diálogo
Por otra parte, la revisión de los expedientes judiciales se perfila como un tema prioritario en la agenda de conversaciones entre los factores políticos y el Ejecutivo. Ciertamente, defensores de derechos fundamentales insisten en otorgar medidas cautelares sustitutivas para reducir la población carcelaria por motivos ideológicos. No obstante, las ONG continuarán exigiendo el cierre de las causas pendientes.
La evaluación del registro por parte de los organismos multilaterales determinará nuevos pronunciamientos sobre la situación del debido proceso en la nación.
Con información de Versión Final
