La Fiscalía de Bolivia ordena la captura del expresidente Evo Morales acusado de terrorismo y alzamiento armado por las protestas y bloqueos que paralizaron al país entre mayo y junio. La Fiscalía de Bolivia dictó este miércoles una nueva orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales (2006-2019), atribuyéndole los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, entre otros cargos.
La medida judicial surge tras las investigaciones por las protestas y bloqueos de vías registrados entre mayo y junio que exigían la renuncia del actual mandatario, Rodrigo Paz. Por lo tanto, el escenario judicial contra el líder cocalero se complica intensamente.
Cargos atribuidos, impacto de las movilizaciones y promotores de la denuncia
Al respecto, la disposición emitida por el fiscal Brayan Melgar —y confirmada a la agencia EFE por fuentes cercanas al exjefe de Estado— incluye también acusaciones por atentado contra la seguridad de los transportes, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y afectación a los servicios públicos. Por consiguiente, el expediente busca establecer responsabilidades por las siete semanas de protestas impulsadas por sectores campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) en el occidente y centro del país. Sin embargo, la tensión institucional continúa en aumento.
«Los bloqueos viales dejaron al menos 16 personas fallecidas —13 de ellas por falta de atención médica oportuna— y pérdidas económicas que superan los 3.000 millones de dólares».
Efectivamente, la acción legal fue promovida a inicios de julio por líderes cívicos del departamento de Santa Cruz —motor económico de la nación—, suma a la que posteriormente se adhirió el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo. Por este motivo, el proceso abarca igualmente al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y al líder campesino Vicente Salazar, quien permanece bajo detención preventiva desde el 6 de julio. Por otro lado, Morales ha negado haber impulsado la dimisión del presidente Paz, aunque el 24 de mayo señaló en redes sociales que el Ejecutivo debía decidir entre militarizar el país o convocar a comicios en 90 días.
Despliegue de las fuerzas de seguridad y condición actual de Morales
Intervención estatal y levantamiento de los cortes de vía
Por lo tanto, tras alcanzar acuerdos parciales con la dirigencia obrera, el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción el pasado 20 de junio para reabrir las arterias viales. Por esa razón, efectivos de la Policía y del Ejército se desplegaron en las carreteras para despejar los obstáculos y restablecer la movilidad nacional.
Refugio en el Trópico de Cochabamba y procesos pendientes
Por otra parte, Evo Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, custodiado por cientos de seguidores para evitar la ejecución de una orden de captura previa por una causa de trata agravada de personas, vinculada a una presunta relación con una menor de edad durante su mandato en 2016. Ciertamente, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía en mayo tras no comparecer al juicio, mientras las fuerzas policiales aseguran esperar el momento propicio para actuar. No obstante, las autoridades judiciales mantienen el cerco legal.
La emisión de esta nueva orden de aprehensión acentúa el aislamiento político y legal del expresidente en el plano nacional e internacional. Por lo tanto, las decisiones que adopten los organismos de seguridad en las próximas semanas resultarán determinantes para la estabilidad institucional del país.
Con información de EFE
