La madre de una adolescente fallecida impugnó formalmente la prohibición del aborto en República Dominicana ante el Tribunal Constitucional del país. Varios médicos retrasaron el tratamiento contra el cáncer de la joven porque estaba embarazada.
Por lo tanto, diversos grupos de la sociedad civil respaldaron la acción legal presentada este miércoles. Las organizaciones aliadas argumentan que la ley vulnera activamente los derechos fundamentales de las ciudadanas.
Una demanda histórica contra la ley del aborto dominicana
Los demandantes afirman que la normativa vulnera los derechos constitucionales a la vida, la salud y la dignidad humana. Además, una organización cristiana de renombre local se sumó formalmente a esta petición judicial colectiva.
Por otro lado, el Estado dominicano mantiene una de las regulaciones más severas de toda la región americana. La legislación actual penaliza la interrupción del embarazo sin admitir ningún tipo de excepción médica.
Sin embargo, las mujeres enfrentan penas de hasta dos años de prisión por realizarse el procedimiento. Asimismo, los médicos o parteras que colaboren arriesgan condenas de entre cinco y veinte años de cárcel. En consecuencia, la actual ley del aborto dominicana genera un debate profundo sobre la salud pública. Los activistas buscan despenalizar la práctica bajo tres causales de salud específicas.
Datos de salud y cifras oficiales del Estado
Rosa Herminia Hernández declaró públicamente que su hija murió por la negación de atención médica oportuna. La joven Rosaura Almonte falleció en el año 2012 debido a una leucemia no tratada. Por esa razón, la abogada Patricia Santana Nina lidera la defensa legal de este caso emblemático. La jurista exige que ninguna niña deba elegir nunca entre su salud y la legislación penal.
Adicionalmente, el sector público de salud reportó al menos 67.455 interrupciones del embarazo entre 2019 y 2024. No obstante, las estadísticas institucionales no diferencian entre pérdidas espontáneas y abortos inducidos intencionalmente. Del mismo modo, los fiscales tramitaron 62 causas penales por este motivo hasta finales de 2022. Por consiguiente, los defensores cuestionan la efectividad de las medidas punitivas del Ejecutivo nacional.
Desigualdad social y vulnerabilidad en la salud femenina
La impugnación legal indica que la prohibición absoluta agrava notablemente las desigualdades económicas existentes. Las mujeres adineradas viajan al exterior para recibir atención médica privada y segura de forma discreta. Por el contrario, las ciudadanas pobres enfrentan riesgos mortales debido a la precariedad de su situación. Finalmente, el tribunal deberá decidir el futuro de la ley del aborto dominicana en los próximos meses.
Con información de AP
