Prisión para una madre en Cartagena por vender contenido sexual de su hija a un estadounidense. El caso, destapado gracias a la cooperación con EE. UU., reaviva el debate en Colombia tras la reciente sentencia de la Corte Suprema que define la prostitución como violencia y no como trabajo.
La connivencia familiar en las tramas de explotación sexual infantil vuelve a sacudir a Colombia. Un juez de control de garantías ha dictado prisión preventiva para una mujer de 23 años en Cartagena de Indias, acusada de instrumentalizar a su hija menor de edad para producir y comercializar material pornográfico destinado a un ciudadano estadounidense.
La investigación penal se activó a raíz de una alerta transnacional de las autoridades de Estados Unidos. El hilo conductor del caso fue la captura, en diciembre de 2025 en Medellín, de un ciudadano estadounidense en cuyos dispositivos electrónicos la policía halló un vasto archivo de fotografías y vídeos de la menor.
Prisión para una madre en Cartagena por vender contenido sexual de su hija a un estadounidense
Según los datos de la Fiscalía General de la Nación, la cooperación bilateral permitió rastrear que, entre mayo y noviembre del año pasado, el ciudadano extranjero mantuvo comunicaciones fluidas con la detenida para encargarle material audiovisual explícito de la niña. “La mujer, al parecer, aceptó dichas prácticas en, al menos, seis ocasiones en las que habría compartido fotografías y videos a cambio de dinero”, confirmó el organismo investigador.
El peso de la ley y el perfil de los delitos
La gravedad de las pruebas ha llevado al aparato judicial a aplicar la medida de aseguramiento en centro penitenciario de forma inmediata. La madre se enfrenta a un abanico de cargos de extrema gravedad: pornografía con menor de edad agravada, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y demanda de explotación sexual.
Este suceso se enmarca en un contexto de máxima sensibilidad en el país sudamericano, convertido en los últimos años en uno de los objetivos principales del turismo sexual de corte colonial impulsado por ciudadanos norteamericanos y europeos.
El debate de fondo: la demanda como motor del delito
La detención coincide temporalmente con un giro doctrinal de gran calado en las instituciones colombianas. La semana pasada, la relatora especial de la ONU sobre violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, respaldó públicamente la histórica sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que dictamina que la prostitución es una forma de violencia sexual y, por tanto, no puede ser regulada ni reconocida como una actividad laboral.
Alsalem insistió en que la demanda de servicios sexuales es «el primer eslabón en la cadena de explotación», alertando sobre el peligro de las corrientes que pretenden normalizar estas prácticas bajo el paraguas del «trabajo sexual», una etiqueta que, según los abolicionistas, sirve para blanquear redes de trata que terminan fagocitando a los eslabones más vulnerables: las mujeres empobrecidas y la infancia.
La presión en las fronteras también refleja la magnitud del problema. Según los últimos datos de Migración Colombia, en lo que va de año hasta mediados de mayo, cerca de 60 ciudadanos extranjeros han sido inadmitidos en el aeropuerto José María Córdova de Medellín por sospechas o antecedentes vinculados a la explotación sexual, una cifra que complementa los 110 casos registrados a lo largo de todo el año 2025. Las organizaciones sociales exigen que el blindaje fronterizo se extienda con la misma contundencia a los entornos familiares donde el dinero extranjero sigue quebrando la protección de la niñez.
Con información de Versión Final
