Valencia, 25 de mayo de 2026-. Aseguran que el proyecto de ley del Café excluye al sector privado. El gremio considera que el texto legal no incorpora al sector privado en el desarrollo de la producción del grano. Vicente Pérez, director ejecutivo de Fedeagro, afirmó que el proyecto “es todo el Estado”.
Pérez señaló que el país perdió el 70% de su PIB en los últimos años. Aseguró que el Estado no cuenta con recursos suficientes para impulsar una actividad que genera 400 millones de dólares anuales. Por ello, insistió en que la ley debe profundizar en mecanismos de financiamiento.
El dirigente calificó el proyecto como “un listado de buenos deseos”. Reconoció que incluye incentivos y medidas positivas, pero sin un método claro para ejecutarlas. Afirmó que los productores avanzan con recursos propios ante la falta de crédito y capacitación.
Falta de financiamiento y comparación regional
La Ley Nacional del Café en debate no especifica cómo se financiarán los programas propuestos. Pérez destacó que los caficultores trabajan “sin crédito y sin apoyo técnico”. Explicó que los mismos productores han invertido sus ahorros para mantener las cosechas.
Como referencia, mencionó el modelo colombiano. Indicó que la caficultura en ese país se sostiene con fondos privados y parafiscales. Estos mecanismos permiten financiar la producción y garantizar estabilidad al sector.
El vocero gremial lamentó que no existan conversaciones formales con las autoridades. Aseguró que el sector no ha sido consultado para mejorar el acceso a créditos. Considera que la falta de diálogo limita la efectividad de cualquier política pública.
Trámite legislativo y expectativas
La Ley Nacional del Café en debate fue presentada junto a la Ley del Cacao. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió su “aprobación inmediata” el 20 de mayo. Argumentó que ambos instrumentos buscan proteger a los productores y potenciar la producción nacional.
El Parlamento deberá revisar las observaciones del sector privado. Productores esperan que se incorporen mecanismos de financiamiento y participación conjunta. Consideran que la sostenibilidad del sector depende de políticas realistas y consensuadas.
