Minería ilegal en Venezuela desata crisis de seguridad en comunidades indígenas del sur del país. La minería ilegal ha generado una “crisis de inseguridad” en comunidades indígenas del sur de Venezuela, donde la presencia de grupos armados ha incrementado la violencia y la vulnerabilidad de la población, según denunciaron activistas durante la presentación de un informe de derechos humanos.
El reporte fue presentado por la ONG Provea, que advierte sobre la expansión de la frontera extractiva en regiones amazónicas y el impacto directo en los pueblos originarios. Provea señala que la minería ilegal ha profundizado el control territorial de grupos armados y redes criminales en estados como Bolívar.
Las comunidades indígenas afirman que viven bajo amenazas constantes y sin protección efectiva del Estado. La líder indígena Liz Hernández, de la comunidad Maurak, describió un entorno marcado por incursiones armadas y control de territorios mineros.
Minería ilegal en Venezuela desata crisis de seguridad en comunidades indígenas del sur del país
Líderes indígenas también expresaron preocupación por la nueva legislación minera impulsada por el gobierno de Delcy Rodríguez. Según denuncian, la norma fue aprobada sin consulta previa a las comunidades afectadas, como exige la legislación nacional.
El proyecto abre la posibilidad de mayor participación de inversionistas extranjeros en la explotación de recursos minerales en el sur del país, en un contexto económico debilitado.
Arco Minero y expansión extractiva
Venezuela concentra gran parte de su actividad minera en el denominado Arco Minero del Orinoco, una zona de más de 100.000 kilómetros cuadrados rica en oro, diamantes y coltán.
Arco Minero del Orinoco ha sido señalado por organizaciones sociales como un espacio donde se ha expandido la minería ilegal y la presencia de grupos armados, incluyendo redes criminales y disidencias guerrilleras.
Según Provea, la expansión de esta actividad ha debilitado la protección ambiental y agravado la situación de comunidades indígenas que dependen de estos territorios.
Grupos armados y control territorial
El informe indica que distintos actores armados disputan el control de las minas, lo que genera enfrentamientos y violencia en la región.
Entre ellos se mencionan disidencias de las FARC y estructuras criminales locales conocidas como “sindicatos”, que operan en zonas mineras del sur del país.
Las comunidades denuncian además contaminación de ríos, desplazamientos forzados y pérdida de territorios ancestrales.
Crisis ambiental y derechos humanos
Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la minería ilegal está provocando una crisis ecológica y sanitaria en la Amazonía venezolana.
También señalan fallas en la demarcación de tierras indígenas y en la aplicación de mecanismos de consulta previa, lo que deja a las comunidades en situación de alta vulnerabilidad.
El informe concluye que la combinación de minería ilegal, presencia armada y debilidad institucional ha convertido la región en un foco de conflicto social y ambiental.
Con información de: AFP y Provea.
