Valencia, 6 de mayo de 2026-. Colombia rechazó las «condenas» que el ELN impuso a funcionarios secuestrados. Prisión revolucionaria es el concepto que la guerrilla del ELN ha utilizado para justificar la privación de la libertad de cuatro funcionarios estatales. Este martes 5 de mayo, el grupo armado anunció la imposición de supuestas condenas contra dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.
Las víctimas de este anuncio son los agentes Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes permanecen secuestrados desde hace un año. Según un comunicado del Frente de Guerra Oriental, deberán cumplir penas de 60 y 55 meses respectivamente en manos de la guerrilla.
El grupo armado justifica estas medidas bajo el argumento de que los funcionarios pertenecen a un organismo del Estado al que acusan de crímenes de lesa humanidad. Este tipo de declaraciones busca otorgar una apariencia de legalidad a lo que el gobierno colombiano califica sencillamente como secuestros.
Colombia rechazó las «condenas» que el ELN impuso a funcionarios secuestrados
Además de los agentes de la Fiscalía, dos policías de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) también recibieron este castigo de prisión revolucionaria. Se trata de Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, quienes fueron retenidos en Arauca en julio de 2025.
A los uniformados de la Dijín se les impusieron penas de 36 y 32 meses por los presuntos delitos de espionaje y perfidia. El ELN denomina estas decisiones como resultados de sus «juicios revolucionarios», procesos internos con los que pretenden normalizar la permanencia de los retenidos bajo sus propias normas.
En los cuatro casos, la guerrilla señaló que se decidió no aplicar la pena capital a los secuestrados durante estos procedimientos. Asimismo, el grupo guerrillero aprobó conceder beneficios de rebaja de pena debido al comportamiento mostrado por los procesados durante su ejecución.
El portavoz del grupo guerrillero indicó que se reconocerá y descontará el tiempo que los funcionarios han permanecido privados de libertad desde su captura. Finalmente, señalaron que los retenidos podrían acogerse a mecanismos de canje humanitario de prisioneros con el gobierno nacional.
Rechazo contundente del gobierno
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, calificó de cobarde el anuncio y recordó que la prisión revolucionaria no tiene validez legal. Aseguró que esa guerrilla no tiene legitimidad para ejercer funciones judiciales y afirmó que el ELN no representa justicia alguna.
Sánchez Suárez enfatizó que no existe ninguna causa que justifique un secuestro en el país y envió un mensaje de solidaridad a las familias. El jefe de la cartera de Defensa pidió a la comunidad internacional sumarse a la exigencia de una liberación inmediata y sin condiciones.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que estas actuaciones no alteran la naturaleza delictiva del secuestro. Recordó que, según el derecho internacional humanitario, cualquier privación de la libertad cometida por grupos armados debe cesar de manera urgente.
