Valencia, 4 de mayo de 2026-. Ucrania investiga corrupción militar en una amplia operación policial contra oficinas de reclutamiento. Policía Nacional de Ucrania ejecutó más de cuarenta registros en distintos puntos del territorio.
Las acciones apuntan a funcionarios y exfuncionarios vinculados a presuntos delitos de abuso de poder y enriquecimiento ilícito.
La investigación busca frenar prácticas irregulares en un sistema clave para la movilización militar.
Ucrania investiga corrupción militar en una amplia operación policial contra oficinas de reclutamiento
Las autoridades sospechan de la ocultación de 92 millones de grivnas, equivalentes a 1,78 millones de euros.
Ese dinero habría sido obtenido mediante esquemas fraudulentos dentro de las oficinas de reclutamiento. El caso incluye a varios responsables que habrían usado sus cargos para beneficios personales.
Uno de los investigados, exjefe en Odesa, habría adquirido bienes por más de 870.000 euros. Entre los bienes figuran vehículos eléctricos, motocicletas y grandes sumas de dinero en efectivo.
Los registros se realizaron durante varios días en múltiples ubicaciones del país.
Operativo anticorrupción ampliado
La Policía incautó vehículos Tesla de distintos modelos durante los operativos. También se recogieron pruebas financieras en varias monedas y documentos relevantes para la investigación.
En total, se abrieron más de 150 protocolos anticorrupción.
Las autoridades no han detallado el número exacto de personas bajo sospecha. El objetivo declarado es reforzar el control institucional y la transparencia en el sistema. La operación busca además recuperar la confianza ciudadana en estas oficinas.
Control del sistema de reclutamiento
Las oficinas de reclutamiento cumplen un papel clave en el esfuerzo de guerra. Se encargan de la movilización de hombres en edad militar para el ejército. Su funcionamiento es considerado estratégico en el contexto del conflicto.
Ucrania ha realizado otras operaciones similares en los últimos años. Esos casos anteriores incluyeron denuncias de sobornos y exenciones ilegales de la movilización. El gobierno insiste en que la lucha anticorrupción es una prioridad institucional.
