Argentina aprueba el contrato para privatizar la mayor empresa estatal de agua. El proceso de desestatización en Argentina ha dado un paso decisivo este martes con la aprobación del nuevo modelo de contrato de concesión para la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei definió las reglas de juego que regirán la prestación del servicio de agua potable y saneamiento para más de 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del área metropolitana.
El objetivo central de esta medida es otorgar seguridad jurídica a los capitales privados interesados en la privatización en Argentina, un movimiento que el Ejecutivo califica como una «transformación de importancia refundacional» para el sector público.
Argentina aprueba el contrato para privatizar la mayor empresa estatal de agua
El esquema aprobado establece que el Estado venderá al menos el 51% de las acciones a un «operador estratégico», mientras que el porcentaje restante será colocado en el mercado bursátil. El contrato de concesión tendrá una vigencia de 30 años, con opción a una prórroga de diez adicionales, y detalla con precisión las obligaciones técnicas y financieras del futuro inversor. Esta validación era un requisito administrativo indispensable antes de proceder con la venta del paquete accionario, ya que permite a los oferentes conocer de antemano el marco regulatorio y los compromisos de expansión de red necesarios para concretar la privatización en Argentina.
Hoja de ruta del proceso de privatización
La transición de la empresa hacia manos privadas se dividirá en dos etapas críticas:
- Fase de Transición (2024-2026): La empresa deberá cumplir con un Plan de Acción orientado a sanear sus cuentas y reorientar su gestión administrativa bajo la supervisión estatal.
- Primer Ciclo Tarifario (2027-2031): Se iniciará formalmente el control privado, periodo en el cual el nuevo concesionario deberá ejecutar las metas de inversión acordadas para modernizar la infraestructura existente y ampliar la cobertura de la red.
Con este marco legal definido, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas ha quedado facultada para lanzar el pliego de licitación nacional e internacional. Actualmente, el Estado argentino posee el 90% de la compañía, cuya venta se instruyó formalmente en agosto de 2025. La administración de Milei apuesta a que la llegada de un operador internacional mejore la eficiencia operativa de la mayor distribuidora de agua del país, reduciendo el déficit fiscal que históricamente han generado las empresas públicas.
Con información de Banca y Negocios.
