Valencia, 14 de abril de 2026-. Carabobeños esperan elecciones mientras resisten a las fallas de servicios básicos. Jhonny Angulo, coordinador vecinal en el sur de Valencia, explicó que los servicios básicos siguen siendo deficientes. El agua y la electricidad mantienen una operatividad precaria que perjudica directamente la calidad de vida de los vecinos.
A pesar de los cambios políticos de enero, el aspecto económico es la mayor preocupación de la población. El salario mínimo permanece estancado en 130 bolívares, un monto que hoy apenas alcanza para costear un pasaje de autobús.
Carabobeños esperan elecciones mientras resisten a las fallas de servicios básicos
Para muchos dirigentes vecinales, la diferencia principal de este periodo no es tangible, sino anímica. Angulo señala que existe una ansiedad colectiva por la convocatoria de comicios libres y transparentes en el corto plazo.
«Estamos ansiosos por ver si hay que volver a votar y coordinar las mesas», afirmó el representante comunitario. Según su visión, el reencuentro entre los ciudadanos ha sido el único aspecto positivo tras los acontecimientos de principios de año.
Sin embargo, los primeros 100 días del interinato no han traído el alivio financiero esperado para el sector comercial. Williamdrys Petit, comerciante de Naguanagua, relató que la estabilidad cambiaria de las primeras semanas de enero fue efímera.
El diferencial entre el dólar oficial y el paralelo volvió a ensancharse, afectando la reposición de inventarios. Petit destacó que la banca sigue sin ofrecer aperturas crediticias, lo que genera una profunda incertidumbre y falta de garantías.
Derechos humanos y amnistía selectiva
Alejandro Brito, de la ONG Red Joven Venezuela, considera que el encarcelamiento de Maduro trajo una «esperanza cautelosa». Entre los avances, destaca la liberación de algunos presos políticos y una aparente disminución de la persecución activa.
No obstante, la desconfianza persiste porque las estructuras de mando siguen integradas por funcionarios del anterior gobierno. «Nos preguntamos hasta qué año llegaremos así y cuándo se harán finalmente las elecciones», indicó el activista.
Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció que la reciente Ley de Amnistía es insuficiente. Rosa Orozco, directora de la organización, advirtió que todavía permanecen más de 600 personas detenidas por razones políticas.
Orozco calificó el instrumento jurídico como un «decreto de amnesia selectiva» que excluye casos críticos de años recientes. Los primeros 100 días del interinato no han contado con un cronograma claro ni transparente para las liberaciones pendientes.
Precariedad en el sector universitario
En el ámbito académico, el panorama sigue siendo crítico debido a la normalización del caos y la falta de presupuesto. El profesor Carlos Ñáñez, de la Universidad de Carabobo, señaló que los centros educativos operan en condiciones de extrema precariedad.
Los docentes denuncian que las propuestas salariales del gobierno, cercanas a los 100 dólares, son discordantes con la realidad. La canasta alimentaria familiar supera actualmente los 600 dólares, dejando a los profesionales en una situación vulnerable.
Ñáñez lamentó que en el campus de Bárbula no existan servicios básicos como agua potable, internet o bibliotecas actualizadas. «Prácticamente los profesores pagamos para ir a trabajar», puntualizó el economista al evaluar este primer trimestre de gestión.
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