Valencia, 14 de abril de 2026-. Expresos políticos denunciaron ante la ONU retrasos y negaciones de amnistía. Un grupo de exdetenidos presentó sus denuncias ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el encuentro, señalaron que la aplicación de la normativa aprobada en febrero ha sido irregular y lenta.
La Red de Excarcelados por la Democracia advirtió que todavía hay más de 400 presos políticos en el país. Además, aseguró que las instituciones no han ofrecido respuestas claras a las solicitudes introducidas por los beneficiarios.
Expresos políticos denunciaron ante la ONU retrasos y negaciones de amnistía
El periodista y activista Carlos Julio Rojas explicó que la situación es preocupante. Durante la reunión con representantes de la ONU, afirmó que la ley no se está aplicando de forma transparente.
Rojas indicó que su solicitud de amnistía lleva más de un mes sin respuesta. Según detalló, los tribunales han señalado que esperan instrucciones superiores para decidir sobre los casos.
La ley establece que las autoridades deben responder en un plazo de 15 días. Sin embargo, los denunciantes aseguran que ese tiempo no se está cumpliendo. También alertaron sobre negaciones sin argumentos, lo que genera incertidumbre entre los solicitantes.
Solicitudes y advertencias
Ante este escenario, los expresos pidieron explicaciones al fiscal general Larry Devoe. Solicitan que se informen los criterios utilizados para aprobar o rechazar los casos.
Rojas advirtió que algunos excarcelados temen volver a ser detenidos. Señaló que incluso emitir declaraciones públicas podría representar un riesgo.
Por su parte, el exdiputado Williams Dávila denunció que bienes incautados no han sido devueltos. Explicó que aún espera la restitución de un vehículo.
Dávila afirmó que no puede hablarse de estabilidad política mientras existan presos políticos. Considera que la situación actual impide una normalización institucional.
Cifras y observaciones internacionales
De acuerdo con cifras oficiales, 8.351 personas han recibido libertad plena bajo esta medida. La normativa abarca un período de 27 años desde 1999, pero limita su aplicación a hechos específicos.
Esto deja fuera múltiples casos, según los denunciantes. Además, las autoridades no han publicado una lista detallada de beneficiarios.
El alto comisionado Volker Türk ha solicitado mayor transparencia en este proceso. La petición busca garantizar claridad y confianza en la aplicación de la ley.
