En un paso hacia la reorganización administrativa del patrimonio nacional, el Gobierno venezolano anunció la creación de una comisión para determinar la naturaleza estratégica de los activos del Estado. Esta nueva instancia tendrá la responsabilidad de evaluar, clasificar y jerarquizar los bienes y empresas públicas, definiendo cuáles deben permanecer bajo control absoluto de la Nación debido a su importancia para la seguridad, la soberanía o el desarrollo económico vital del país.
La medida busca modernizar la estructura de propiedad estatal, permitiendo una visión más clara sobre qué activos requieren inversión directa del Ejecutivo y cuáles podrían ser sujetos a nuevos modelos de gestión o alianzas estratégicas.
Objetivos y funciones de la nueva instancia
La comisión de activos del Estado en Venezuela operará bajo criterios técnicos y jurídicos para evitar la dispersión de recursos. Entre sus funciones principales destacan:
- Censo y diagnóstico: Realizar un inventario actualizado de las capacidades productivas de cada activo.
- Clasificación estratégica: Definir si un bien es de interés nacional, de utilidad pública o si puede operar bajo esquemas de economía mixta.
- Protección patrimonial: Diseñar mecanismos que resguarden los activos frente a posibles litigios internacionales o procesos de embargo.
«Es necesario identificar con precisión qué es vital para el desarrollo del pueblo y qué activos pueden ser optimizados mediante nuevas formas de administración», señalaron fuentes vinculadas al anuncio oficial.
Optimización y eficiencia administrativa
El establecimiento de esta comisión coincide con una etapa de apertura económica donde se busca atraer capital para sectores no estratégicos, manteniendo el control de los «sectores clave» como la energía, las telecomunicaciones y la infraestructura básica. La comisión de activos del Estado en Venezuela será la encargada de dar el visto bueno a cualquier cambio en la estructura de estas propiedades, asegurando que se cumpla con la normativa vigente de protección de bienes nacionales.
Expertos en administración pública sugieren que esta medida podría facilitar la transparencia en las cuentas del Estado, al separar los activos que generan rentabilidad social de aquellos que deben buscar eficiencia operativa comercial.
Impacto en la inversión y el desarrollo
Para los sectores productivos, la claridad en la «naturaleza estratégica» de los bienes públicos ofrece seguridad jurídica. Al saber con precisión qué activos son considerados intocables por el Estado, los inversionistas nacionales y extranjeros pueden proyectar mejor sus propuestas en áreas donde el Gobierno decida abrir espacios de participación privada.
Se espera que en las próximas semanas la comisión presente su primer informe de gestión, el cual servirá como base para futuras decisiones presupuestarias y legislativas en el marco de la recuperación económica de este 2026.
Con información de Últimas Noticias.
