Valencia, 11 de marzo de 2026-. Plataforma Unitaria denunció un «pacto» inconstitucional para «repartir el poder». La alianza opositora denunció un presunto pacto político para nombrar al nuevo Fiscal General y al Defensor del Pueblo. Según el comunicado, este acuerdo buscaría asegurar la lealtad de los funcionarios al gobierno de Delcy Rodríguez.
La agrupación política sostiene que estas acciones ignoran lo establecido en la Constitución nacional. Para la PUD, el objetivo del oficialismo es preservar cuotas de poder en las instituciones fundamentales. Consideran que estos nombramientos son vitales para garantizar una transición y el restablecimiento de las libertades ciudadanas.
Plataforma Unitaria denunció un «pacto» inconstitucional para «repartir el poder»
Actualmente, la Asamblea Nacional lidera el proceso para cubrir las vacantes en el Poder Ciudadano. Esto ocurre tras las recientes renuncias de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz a sus respectivos cargos. El parlamento extendió recientemente el plazo para recibir nuevas postulaciones de candidatos interesados.
El nuevo límite para entregar documentos vence este viernes 13 de marzo a las 10:00 a. m. La oposición teme que, a pesar de la convocatoria, los nombres ya hayan sido seleccionados previamente. Por ello, la alerta por designación de cargos públicos busca llamar la atención de la comunidad internacional.
La autonomía del Ministerio Público es indispensable para asegurar investigaciones imparciales en el país. El Fiscal General debe velar por el respeto al debido proceso y evitar el uso político de la justicia. Sin independencia, advierten los partidos, no será posible reconstruir el Estado de derecho en Venezuela.
Exigencias de independencia institucional
La plataforma enfatizó que el país necesita instituciones que sirvan a la ley y no a intereses políticos. «Venezuela exige justicia independiente y el fin de la persecución», reza el texto difundido en redes sociales. El comunicado subraya que la normalización institucional requiere de funcionarios plenamente apegados al mandato constitucional.
Este escenario de alerta por designación de cargos públicos surge en un momento de alta sensibilidad política. Los sectores aliados al gobierno han sido señalados por intentar perpetuar el control sobre los órganos estatales. La reconstrucción del sistema de justicia aparece como un requisito esencial para la estabilidad futura.
Finalmente, la PUD reiteró su rechazo a los «acuerdos opacos» que prolonguen la subordinación institucional. El país reclama una Defensoría del Pueblo que realmente proteja los derechos de todos los venezolanos. La transparencia en los próximos días será determinante para la confianza ciudadana en este proceso de selección.
